El jefe institucional del Archivo General de la Nación, Ricardo Moreau, responde a las críticas por la mudanza del Archivo. Perú21 lo entrevistó.
La historiadora Natalia Sobrevilla en una entrevista con Perú21, publicada ayer, subrayó tres puntos que considera graves en la mudanza del Archivo General de la Nación, que dejará el Palacio de Justicia para instalarse en el Callao. A continuación, la réplica del jefe institucional del Archivo, Ricardo Moreau.
La historiadora señala que un traslado temporal no es una solución.
La salida a un local definitivo en este momento no es posible, porque ya hay una sentencia judicial de desalojo. Las sentencias judiciales tienen que cumplirse, porque estamos en un Estado de derecho. Así no queramos, yo como funcionario público no estoy en capacidad legal de incumplir los mandatos judiciales. En segundo lugar, me encantaría irme a un local definitivo. Soy archivero hace 19 años. Pero el expediente técnico que se aprobó en el año 2022 para la construcción del local definitivo del Archivo General de la Nación acaba de ser saneado hace poco más de un mes por un problema de un arbitraje que tuvo el Ministerio de Cultura con la empresa que hizo el expediente con errores, que felizmente en esta gestión ministerial lo hemos podido sanear. El plazo de ejecución del expediente técnico es de 38 meses, más ocho meses de concurso público internacional por 430 millones de soles. En el mejor de los casos, estamos hablando de que tendremos nuestro local del Archivo en cinco años. ¿Estaremos cinco años pendientes del desalojo en el Poder Judicial?, ¿el juez de ejecución nos va a esperar cinco años más hasta que tengamos un local para hacer cumplir la sentencia que es su responsabilidad?
¿No sería incluso mejor pagar la multa?
La multa es un planteamiento del procurador del Poder Judicial. El juez no ha dictaminado ninguna multa, lo que ha dictaminado es el desalojo, nos ha conminado vía escrito que nos retiremos del local antes de iniciar ellos un desalojo. La última instancia, que es la Corte Suprema, se agotó en mayo de 2022. En ese punto no hay nada que hacer. Lo que nos ha tocado ahora es gestionar la salida del Archivo General de la Nación. Y no podemos esperar cinco años, con la gravedad de que las tuberías de desagüe se sigan rompiendo, que los tubos de agua sigan drenando, que los techos sigan rajándose, no solo por el patrimonio sino también porque tenemos personas que trabajan prácticamente en el suelo porque no hay espacio y tienen encima una rajadura del techo, que ojalá no ocurra un desastre natural y sepulte para siempre no solo la memoria de todos los peruanos sino también a las personas.
¿Por qué no intentaron dialogar con el Poder Judicial para encontrar una salida?
Hemos hablado con el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Justo estábamos con la ministra (de Cultura). Y él nos indicó que desea que se cumpla la sentencia que tienen a su favor. Lo que hemos hecho es ganar tiempo para poder acabar los inventarios. El Archivo General de la Nación no tenía inventarios, no sabíamos qué teníamos. En julio terminaremos el 100% de los inventarios para mudarnos en agosto. Eso posibilitará una mudanza ordenada y sabiendo qué estamos llevando y recibiendo, lo cual en 163 años de historia del Archivo no fue posible.
Otro punto de la historiadora es que el lugar alquilado en el Callao no es el adecuado por la humedad y porque está al lado de una fábrica de lejía, que ponen en riesgo los archivos.
Lima es una ciudad altamente húmeda. Y la humedad se controla con equipos mecánicos. Vamos a adquirir deshumedecedores industriales, el local que hemos alquilado tiene ventiladores industriales, que no hay en el sótano donde estamos. Tiene condiciones de seguridad, tiene sistemas contra incendios, que no tenemos en el sótano. Tiene sistemas de seguridad con cámaras modernas y zonas de oficinas habilitadas, que tampoco tenemos hoy en el sótano. Lo que tenemos hoy es un local tugurizado. A la distancia es fácil criticar.
¿Los investigadores tendrán acceso inmediato?
Por supuesto. Es más, tenemos una sala de investigadores dentro del local. Es más, dentro de dos semanas en la página web del Archivo General de la Nación estarán disponibles más de un millón de imágenes digitales. Hay muchas imprecisiones de esta señora que realmente no conoce el trabajo de los archivos. Será historiadora e investigadora, pero trabajar en archivos es una cosa muy distinta.
El tercer punto que subraya es el costo: 12 millones de soles por un alquiler de tres años. Y que la adjudicación fue en 24 horas, lo que deja dudas.
Los procesos de alquiler se desarrollan por la propia Ley de Contrataciones del Estado, que establece la forma en que se realizan los procesos de selección de alquileres. Se ha cumplido tajantemente y taxativamente la ley, y no hay nada que ocultar en este tema, hemos cumplido todos los procedimientos administrativos. Es más, la información está abierta a la ciudadanía y a la Contraloría. Todo el proceso de contrataciones no ha sido de un día para otro; ha durado más de tres a cuatro meses todo el proceso de indagar 24 locales en todo Lima, ver los costos, analizar los pro y contra, el estudio técnico, el estudio de mercado para finalmente adjudicar a esta empresa que ha ganado con menor costo y mejores condiciones técnicas.
¿No hubo opciones de locales del Estado?
Un requisito previo para poder alquilar un local privado es acudir en primera instancia al Programa Nacional de Bienes Incautados. Pero son 30 kilómetros de documentos que no entrarían ni en un edificio. En la primera instancia no había los locales que requeríamos. En la segunda instancia se recurre a la Superintendencia de Bienes Nacionales, que nos informó lo mismo. Y está documentado. Una vez que estas dos instancias nos dicen que no tienen un espacio como el que se requiere, seguimos al paso siguiente. Todo está regulado por la ley.
Esta medida es temporal. ¿Cuál es el plan luego de…?
El local de Pueblo Libre pertenece al Archivo General de la Nación, fue cedido gracias a las anteriores gestiones. Lo que queda en este año, que es también el compromiso de la ministra de Cultura, es acudir a la Comisión de Presupuesto para que incorpore en esta Ley de Presupuesto de 2025 el presupuesto para poder iniciar las obras el próximo año. En el mejor escenario, el nuevo local del Archivo General de la Nación estaría entre 2029 y 2030.