Los historiadores, investigadores y profesores de Castilla y León abajo firmantes mostramos públicamente, gracias al ofrecimiento del blog Conversación sobre la historia, nuestro enérgico rechazo a la proposición de «ley de Concordia» que plantean los grupos de PP y Vox a las Cortes de Castilla y León por considerar que desvirtúa las políticas de memoria democrática actualmente vigentes y porque se basa en una visión mistificadora de la historia de España en el periodo de 1931 a 1978.
La Junta tramita esta ley derogando su propio decreto de memoria histórica y democrática de 2018 sin justificar los motivos para ese cambio legal más allá de la apelación a una «concordia» que, como tal, no aparece ni en la Constitución ni en el Estatuto de Castilla y León. Pero la lectura de la proposición de ley evidencia un claro propósito de frenar y dar marcha atrás en las políticas de memoria democrática que, con demasiada lentitud, se han ido abriendo paso en España y, más aún, en Castilla y León. La Junta de Castilla y León fue de las últimas comunidades autónomas en legislar sobre estos asuntos y sólo en el período 2019 – 2022 prestó apoyo y dio participación a las asociaciones y familiares de las víctimas de la Guerra civil y del franquismo, las cuales, a lo largo de las últimas décadas y muchas veces sin ayuda institucional alguna, han debido hacerse cargo de las exhumaciones (es la comunidad donde más se han hecho), investigaciones y homenajes a las mencionadas víctimas.
Algunas asociaciones memorialistas ya han manifestado su rechazo y el Gobierno va a tomar medidas legales contra la proposición de ley. Por nuestra parte, como investigadores y estudiosos de la historia contemporánea de España, señalamos nuestras discrepancias con la citada proposición de ley, que apela a un supuesto «rigor histórico» y un «criterio científico» que, en nuestra opinión, brillan por su ausencia. Como tampoco los vimos en la reciente declaración de bien de interés cultural de la “Pirámide de los italianos” por parte de la Consejería de Cultura, tratándose de un mausoleo ubicado en el puerto de El Escudo a la memoria de Mussolini y de las tropas italianas que envió para apoyar a los sublevados, en una zona donde aún proliferan otros monumentos, cartelas y símbolos franquistas, a los que la mayoría PP-VOX en las Cortes pretende otorgar la misma protección, apelando a supuestos valores culturales y sin la más mínima contextualización histórica.
1.- Si bien es cierto que, como dice la proposición de ley, no existe un relato totalmente consensuado entre historiadores sobre la II República, no lo es menos que hay un amplio acuerdo en el ámbito académico al considerar que fue un régimen democrático con alternancia política, elecciones libres y amplio catálogo de libertades y derechos ciudadanos. Su normalidad −no exenta de conflictos, como en otros países− se rompió a raíz del golpe militar del 18 de julio de 1936, que originó la Guerra civil, dio lugar a un baño de sangre y propició la implantación de una dictadura opresiva durante casi cuarenta años. Así que integrar los años de la II República en el mismo periodo de la Guerra civil, la Dictadura franquista y la primera transición, sugiriendo una continuidad homogénea en cuanto a conflictos, persecuciones y violencias, resulta altamente distorsionador de la realidad histórica y supone casi tanto como equiparar democracia y dictadura (palabra que no aparece en el texto de la proposición de ley).
Y no se trata de idealizar la República, a la que tocó compartir con los demás países occidentales una época convulsa, polarizada y de grave crisis económica, sino de asumir que, con todos sus defectos y errores, fue, como expresaba la ley que declaró el 2006 “año de la memoria histórica» en España, «el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podamos contemplar al mirar nuestro pasado».
2.- La investigación histórica, que muchas veces ha debido recurrir a testimonios orales para averiguar la verdad de unos hechos ocultos o tergiversados por la documentación oficial, ha acreditado un total de unas 16.000 víctimas mortales, como mínimo, debidas a la represión franquista en las provincias de Castilla y León, ya fuera por sentencia de consejo de guerra, asesinato extrajudicial o muerte en cárceles o campos de concentración. Un zarpazo represivo tanto más brutal cuanto que la sublevación del llamado “ejército nacional” triunfó en casi toda la región en las primeras horas y no hubo frente de guerra más que en el norte de León, Palencia y Burgos durante el primer año de la contienda. Baste señalar que las cifras de nuestra región fueron unas cuatro veces más que las de Galicia, que también fue retaguardia.
Sin duda obliga el criterio de no discriminación a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a todas las víctimas de la violencia política sin discriminación alguna, pero no podemos asumir que a día de hoy las instituciones democráticas españolas no otorguen una atención prioritaria a las víctimas del terror franquista y a sus familiares, puesto que durante décadas, incluso en democracia, fueron desatendidas y ni siquiera pudieron tener en muchos casos el duelo y las honras fúnebres debidas en una sociedad civilizada, mientras que las otras, los llamados «caídos por Dios y por España», recibieron ayudas y atención memorial de las instituciones desde el primer momento.
Esta atención específica a las víctimas de la violencia franquista, que es la médula de las normas estatales y autonómicas hoy vigentes sobre memoria democrática, está ausente en la proposición de ley que comentamos, en la cual se mezclan indebidamente todo tipo de víctimas desde 1931 a 1978, haciendo incluso una innecesaria referencia a las víctimas del terrorismo posterior (innecesaria no porque no deban tener la misma consideración, sino porque ya gozan de ella desde hace años y existe legislación al respecto). Lo que es una muestra de olvido y desprecio intolerable.
3.- Tampoco nos parece de recibo tratar de evitar la difusión de información «que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación, incluyendo las víctimas, sus familiares y cualquier persona que participe en el mismo» (art 4.4), lo que es tanto como impedir el conocimiento de los hechos históricos, el derecho a la verdad y la libertad de investigación, sin perjuicio de lo establecido por las leyes para la protección de datos personales.
4.- Consideramos un retroceso respecto del decreto de 2018 que la nueva «Comisión de exhumaciones» establecida en la proposición de ley excluya a las asociaciones de memoria histórica, a la universidad, a las Cortes y otros estamentos, a los que se otorgaba una función consultiva en el decreto de 2018, para hacer depender todas las competencias resolutivas de un organismo integrado exclusivamente por altos funcionarios de la Junta de Castilla y León y dos representantes de los municipios.
Arduo o imposible es lograr la concordia de todos los españoles y españolas, más aún si se intenta mediante “centros de estudio” o leyes quiméricas. La concordia se ejerce más que se legisla sobre ella; de lo contrario resulta una expresión vacía de contenido que de una u otra forma conduce al olvido de las víctimas y de los orígenes de la Dictadura. No tan difícil debería ser consensuar una memoria histórica entre cuantos compartimos los valores democráticos y de convivencia amparados por la Constitución. En todo caso, es un deber moral y una obra de justicia que nos obliga a todos atender las demandas de todas las víctimas de la violencia política, empezando por las de la Guerra civil y la Dictadura franquista, que son las que más tiempo llevan esperando.
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