Estos expedientes, según detalló Rosa Monlleó, de la Universidad Jaume I, son una fuente de información para los investigadores. «Cada juicio sumarísimo contiene 200 folios, ya que hay expedientes militares y políticos, con declaraciones de alcaldes, miembros de la Falange, vecinos, recuento de los bienes que tenían los acusados….». El problema es que, si bien se trata de documentos desclasificados porque han pasado más de 50 años, los investigadores tienen muchas dificultades para acceder a ellos, aunque se desplacen al Archivo General Histórico de Defensa de Madrid, que es donde se encuentran estos expedientes. «Te ponen todo tipo de excusas para no dártelos, o bien que están dañados o que corren el peligro de que se estropeen», lamenta Javier Navarro, investigador de la Universidad de València. Navarro insiste en que estos documentos son esenciales para conocer qué ocurrió durante esos años y reivindica que sea información abierta y de libre consulta. «Deben digitalizarse y traer una copia», una labor en la que piensa que deben involucrarse las administraciones.

José Miguel Santacreu, de la Universidad de Alicante, también denunció las trabas que existen para consultar estos documentos. «Reproducir estos expedientes tiene un coste de hasta 200 euros y generalmente los que más fácil tienen el acceso directo son los familiares de los afectados. A los investigadores nos cuesta mucho», afirma. Los historiadores cifran en unos 30.000 los expedientes relativos a juicios sumarísimos que se siguieron contra vecinos de la provincia de Alicante.

El encuentro de ayer fue inaugurado por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien anunció la inminente apertura de las dos primeras fosas comunes en la provincia de Alicante, donde en total hay contabilizados 77 enterramientos. Estas fosas están ubicadas en Monóvar y Benissa y forman parte del lote que la Conselleria de Justicia prevé adjudicar en las próximas semanas. Si los plazos del concurso se cumplen, después del verano se procedería a la apertura de estas dos fosas comunes, según destacó ayer Eduardo García, jefe de servicio de la Dirección General de Referencia Democrática de la Conselleria de Justicia. De forma paralela, Bravo señaló que durante este año se pondrá en marcha el banco de ADN para los familiares de las víctimas del franquismo. Este banco, en el que se guardarán muestras genéticas de los familiares para cotejar con los restos que vayan apareciendo en las fosas comunes, será gestionado por la fundación Fisabio de la Conselleria de Sanidad. Los centros de salud serán los encargados de recoger las muestras.

En la jornada de ayer también hubo un recuerdo para los últimos días de la guerra, que tuvieron en Alicante su epicentro. Los investigadores Francisco Moreno y Juan Martínez recordaron cómo se fraguó la salida de miles de personas en el buque Stanbrook desde el puerto de Alicante, del que ayer se conmemoró el 80 aniversario. Martínez recordó a las miles de personas que no pudieron embarcar y se agolparon en el Puerto de Alicante esperando una nueva oportunidad hasta que fueron apresados y llevados a cárceles o a campos de concentración, como el de los Almendros o Albatera.

Por la tarde, los actos se trasladaron a la zona de la Volvo, donde se expusieron algunas iniciativas que a nivel autonómico y local se están desarrollando para preservar la memoria histórica. Por parte de la ciudad de Alicante, Pablo Rosser, jefe de Memoria Histórica, explicó el proyecto que desde hace unos años encabeza el Ayuntamiento para sacar a la luz los refugios de la ciudad. En estos momentos, además de los dos que ya se han abierto en Séneca y la plaza de Balmis, está en proyecto la apertura de otros seis en distintos emplazamientos de la ciudad. Otro de los proyectos importantes será la rehabilitación del castillo de Santa Bárbara, que se ejecutará en cuatro fases.

Casanova reclama «dar la batalla» para recuperar los archivos de la Fundación Franco

El catedrático repasa la Guerra Civil en el contexto de la Europa de los años 30 y anima a mirar la Historia de forma «caleidoscópica»
«Sin archivos no hay Historia y muchos aún no se pueden consultar. Hay que recuperar los archivos de la Fundación Francisco Franco porque los documentos no pertenecen a la familia. Hay que dar esa batalla», instó el catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova durante la conferencia que pronunció ayer dentro del Encuentro Internacional «Políticas y prácticas de la Memoria Histórica y Democrática» que se celebra hasta el domingo en Alicante coincidiendo con el 80 aniversario del fin de la Guerra Civil.

El director general de Contenidos de INFORMACIÓN, Juan R. Gil, fue el encargado de presentar al catedrático que actualmente trabaja en el Institute for Advanced Study de Princeton, al que calificó de «intelectual comprometido».

Casanova se mostró como un firme defensor de la educación para ser capaces de tener «una mirada libre hacia el pasado» tan difícil de conseguir cuando se trata de acontencimientos del siglo XX, por lo que queda de propaganda, historias familiares y uso o abuso político de los hechos. Durante su intervención repasó la Guerra Civil y la Dictadura dentro del contexto europeo de los años 30. «Nuestra historia no es tan distinta», afirmó, aunque destacó dos diferencias fundamentales. El hecho de que el golpe del 36 se produjera a través de una sublevación militar, que hiló con el «rebote de la violencia colonial». Y que España fue el único país en el que existe una resistencia tras el golpe. «Si el Golpe de Estado hubiera triunfado no habríamos tenido Guerra Civil, sino una Dictadura desde el primer día», aseguró. «El gran problema de España fueron los 40 años que vinieron detrás, si no sería un episodio absolutamente superado», señaló. Por otra parte, repitió en varias ocasiones que es necesario mirar a la Historia desde un caleidoscopio porque «no es una calle de una única dirección». Para finalizar regaló a los asistentes con el comentario de cuatro fragmentos de cuatro documentales de la época.