Los 23 kilómetros de conflictos humanos que explican España desde una nave de Vallecas: “Un filón para historiadores y escritores”

El Archivo Judicial Territorial, que se prepara ya para la digitalización de sus fondos, acoge tesoros desde el siglo XIX, como las actas de autorización de matrimonio, a la historia cercana, como el atentado de Carrero Blanco.

Son 23 kilómetros de documentos almacenados en un polígono de Villa de Vallecas y otros 280.000 metros lineales en custodia externa. El Archivo Judicial Territorial de la Comunidad de Madrid (AJTCM) podría sonar a somero aburrimiento, a una ingente cantidad de papeles en lenguaje plomizo y a tecnicismos indescifrables para forasteros. Cómo aclararse entre expedientes, sumarios, actas, resoluciones, informes, inscripciones del Registro Civil… Y sin embargo, alberga «auténticas joyas» y textos de «incalculable valor», como subraya Miguel Ángel García Martín, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local. Más allá de la judicatura y de la burocracia administrativa, el archivo es carne jugosa para el historiador e, incluso, para los creadores de la novela negra.

Porque lo alojado en los cerca de 30.330 cuerpos de estanterías, en un orden de precisión quirúrgica, es la historia de los conflictos del ser humano. Al menos de los ocurridos en territorio madrileño a partir del siglo XIX, pero de incuestionable alcance nacional. «Desde los meros juicios de faltas, un insulto o una agresión leve, hasta asesinatos. Hay todo tipo de pleitos y litigios, donde se puede ver, incluso, cómo ha evolucionado la sociedad a lo largo del tiempo», confirma Daniel Acebes, el Jefe de la Unidad Técnica de Coordinación de Archivos Judiciales de la región.

Él es quien navega desde la calle González Dávila, junto a otros cinco profesionales, entre tomos y tomos procedentes de juzgados y tribunales que pronto, al fin, cambiarán de era. El Gobierno regional impulsa, desde finales de 2023, un proceso de digitalización que llevará dos años. Esa colosal información se moverá más ligera y ganará accesibilidad -siempre previa autorización del Tribunal Superior de Justicia-. Pero es en su consulta donde el Archivo Judicial Territorial se eleva en tótem de la función pública y de los anales: «Es un filón para investigadores, periodistas, escritores e historiadores». Y procede a desgranar Daniel Acebes, con un entusiasmo hipnótico, algunas de las alhajas, como si no fuesen estas baldas monocordes sino el silencio de un aula atenta a quien hablara. Tomen asiento, mejor casi ni interrumpirle:

«El sumario del atentado contra Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, perpetrado por ETA en la calle Claudio Coello, es quizá una de las joyas fundamentales que tenemos. Muestra que hicieron un túnel, desde un sótano que habían alquilado, dónde colocaron los explosivos… Y ya sabemos toda la historia». Son 14 tomos ya digitalizados, tras un proceso de anonimización de los datos personales o de quienes prestaron declaración y no son personajes públicos, como establece la Ley de Patrimonio. «No pueden verse sus nombres hasta que no hayan pasado los 50 años. Lógicamente también hay algunos datos sensibles, algunas fotos de heridos o de cadáveres que, por su sensibilidad, no pueden exponerse al público. Pero todo lo que es la documentación y los trámites son consultables aquí». Aunque, pónganse a la cola, ya tiene lista de espera ante la inminencia del cincuentenario del atentando más célebre de la dictadura, que no del sumario, que no será del todo libre hasta 2027.

Otra joya: «Hay un expediente, que fue célebre en la prensa, en los años 50, que es un sumario que se abrió contra Margarita Ruiz de Lihory. Era la marquesa de Villasante, hija de un gobernador civil de Mallorca y de la Marquesa de Villasante, de la cual hereda el título. Se la conoce como la ‘Mata Hari española’ porque había sido agente doble, incluso se hablaba, tampoco se puede certificar, que había sido amante de Miguel Primo de Rivera y de Abd el-Krim. Entabló incluso amistad con Franco y se dice que también le salvó la vida, tras avisarle de un atentado preparado por los rifeños. Por tanto, se sospecha que Franco también la tenía bastante protegida. Esta mujer tuvo cuatro hijos y una de ellas falleció de edema pulmonar en 1954. A los pocos días, uno de sus hijos denunció a su madre, a Margarita, por haber profanado el cadáver de su hermana fallecida. La Policía constató que le había amputado la mano, parte de la lengua y le había sacado los ojos al cadáver, pero la condena fue mínima. Hubo acuerdo de conformidad judicial y fue condenada por profanación de cadáver y contra la salud pública. Es muy curioso».

Continúa su discurso: «Otra que puede ser un poco más llamativa, un testimonio del movimiento político y social que hubo en los años 50, es el sumario especial contra Fernando Sánchez Dragó y otras 23 personas por propaganda ilegal. Entre ellos, hay figuras relevantes, como Enrique Múgica, o estaban también procesados Miguel Boyer, Ramón Tamames, Javier Pradera, Emilio Sanz Hurtado o José María Ruiz Gallardón. Es curioso ver cómo gente que en aquella época eran estudiantes y poco relevantes, luego han sido parte de la historia política y social de este país».

Y para los frikis de la Justicia: «Tenemos un proyecto de redistribución territorial de los partidos judiciales, de 1926. Vemos cómo se van distribuyendo, cómo se va planteando la distribución de los distintos partidos judiciales o cómo va, incluso, trazando un mapa, que muestra cómo se va creando la justicia madrileña. U otras de las curiosidades es que disponemos de algunos documentos del Tribunal de Orden Público [del Franquismo], especializado en juzgar causas políticas. Es verdad que el grueso está en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, pero aquí también hay parte», presume con tono de admiración.

¿Cuál sería el texto más veterano? «Identificado y clasificado, porque en un futuro, cuando ampliemos plantilla y nos encarguemos de los fondos de custodia externa, podrán aparecer más antiguos. Por ahora, es uno de 1863. Es curiosísimo. Está hecho en papel». Aclara: «El papel se usa en España desde el siglo XIII. Antes se utilizaba el pergamino, pero desde la toma de Valencia, que tenían la fábrica de papel los musulmanes, pues ya en Castilla y Aragón empezó a proliferar el papel. El del siglo XIX era de mejor calidad que el industrial de hoy». Y retoma el hilo: «Es un acta de consejo y autorización de matrimonio de un padre a una hija ante el juez, en San Lorenzo Escorial. Formaba parte de una serie que parte de una Real pragmática de 1776, cuando reinaba Carlos III. Establecía que, puesto que el matrimonio no se podía anular, era preciso que los hijos pidieran permiso a sus padres ante el juez. En el fondo, demuestra el gran control social por parte del Estado. Es decir, que no hubiese alianzas matrimoniales de la nobleza que pudieran perjudicar el funcionamiento del reino y mantener un orden social».

Habla Daniel Acebes sobre ese 7,2% de la documentación total generada en Madrid y que se conserva en este edificio. Pero que no confunda el exiguo porcentaje: se trata de unos cinco millones de unidades documentales, sin contar las resguardadas en los otros 280 km en custodia fuera del Archivo Judicial Territorial. «Es imposible saber cuántos documentos hay en total, son millones de sumarios, imagínate. Los juzgados hacen muchas veces traslados de urgencia y algunos no están descritos al detalle». Lo que no implica el extravío. «Es muy difícil que se pierda algo, la única forma es que haya algún tipo de catástrofe en el local donde estén». Como sucedió durante la etapa de su predecesor, Luis Iglesias, que tras una inundación de aguas fecales en el Archivo de Torrejón, acogió un traslado de urgencia de fondos que fue imposible recuperar ni restaurar. Si acaso, «al no estar identificados, clasificados y descritos, pueda llevarnos más tiempo localizar algo», concede este exhaustivo técnico.