TUDELA – Los ayuntamientos deberán aplicar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno a partir del 11 de diciembre, fecha límite para que las entidades locales pongan en marcha esta norma que permite a la población tener más y mejor acceso a la gestión de las corporaciones, que deben dar publicidad a sus ingresos, su trabajo y proyectos, así como facilitar la participación popular y la fiscalización de las acciones de los equipos de gobierno. En esta misma situación se encontrarían las mancomunidades de basuras o aguas y entes compuestos por municipios como Bardenas Reales.

 

Una de las cuestiones que no se pudo aclarar es por qué los ayuntamientos y mancomunidades navarras se han de regir por la Ley del Estado 9/2013 y no por la Navarra 11/2012 de 21 de junio que sólo afecta al Gobierno de Navarra y a las empresas y organismos vinculados. Según explicó Enériz, “hay una moda en el Gobierno de Navarra de sólo regular lo que tiene que ver con la Administración foral” y alertó de que al depender de la Ley estatal surgirán “disfunciones”. Por su parte el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, presente entre el público, alertó de la situación en que se van a encontrar los consistorios. “Vemos con cierta alarma que los archiveros van por un lado y la legislación por otra. Parece que el Gobierno ha dejado a un lado a los ayuntamientos y ahí se las apañen. Mis preguntas son: ¿nos ayudarán?, ¿nos asesorarán para ponerlo en marcha?”, indicó y señaló que las corporaciones se han encontrado con este tema, en el que los archiveros son piezas claves para trabajar con la información y la documentación, y con muy poco tiempo para su cumplimiento. “Esto va a generar unos costes y es importante que el nivel superior ayude”, concluyó Larrarte.

SANCIONES Ante la posibilidad de que puedan existir sanciones por el incumplimiento de la Ley de Transparencia, Enériz puso en duda que se vaya a aplicar la ley en este aspecto, “los dos años de tiempo han pasado y no existe un régimen de sanción como tal”. Sin embargo, el texto habla de faltas leves y graves por no facilitar información a los ciudadanos si bien los pasos a dar para una posible sanción, previa denuncia y dictamen de distintos órganos, son tan dilatados en el tiempo que la propia prescripción hace casi inviable su aplicación.

Desde los archiveros señalaron que la propia ley de transparencia va a dilatar la petición de información ya que “para entregar un documento antes lo hacíamos en dos días y ahora, como hay que pedir autorización a la Alcaldía, podrá pasar un mes”, explicó la responsable del archivo municipal de Logroño, Isabel Murillo. En su intervención quiso diferenciar entre documento, datos e información, conceptos que no quedan claros en la Ley de Transparencia y que tratan de la misma manera: “Los archiveros trabajamos con documentos, no con información”, dijo. Murillo alertó además de que “la propia Ley de Transparencia es poco transparente. Hay demasiados derechos implicados como el de información y el de privacidad”.

El responsable del archivo de la UPNA, Iñaki Montoya, explicó que la ley navarra no tuvo en cuenta muchas de las indicaciones de los archiveros a la hora de redactarla por lo que concluyó que la ley “se quedó corta y nos supo a poco; su redacción fue un trabajo intenso y se nos quedó un sabor agridulce porque hubo cosas que no quedaron bien resueltas”. Pese a todo, hizo hincapié en la necesidad de la transparencia: “Para rendir cuentas los políticos es necesaria la gestión de documentos y que se pueda encontrar y ver”.

La página Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra entró en funcionamiento en el mes de marzo aunque siguen colgando datos, informes, balances, proyectos e información. A través de ella se puede conocer toda la gestión del Ejecutivo, los sueldos de los altos cargos, las empresas públicas, los planes territoriales, etc. La transparencia es un valor que debe impregnar todo y la sociedad no debe ser una mera espectadora tiene derecho a saber, pero debe saber que tiene ese derecho.

Fuente: noticias de Navarra