“Hablen otros de su vergüenza. Yo hablo de la mía”. (Bertolt Brecht)

La historia del franquismo es la historia de una represión interminable. Desde el asesinato de Federico García Lorca en agosto de 1936 hasta el fusilamiento de cinco personas en septiembre de 1975, pocas semanas antes de la muerte del dictador, el régimen se asentó sobre la persecución implacable de los ciudadanos de las más diversas orientaciones políticas dejando tras de sí un reguero de sangre. Para sobrevivir a los cambios geopolíticos, se adaptó a las circunstancias manteniendo siempre su matriz de violencia. Así, el protegido de Hitler y Mussolini en la Guerra Civil se reconvirtió tras la derrota del Eje en aliado de Gran Bretaña y más tarde de Estados Unidos aprovechando en la Guerra Fría su acreditado anticomunismo.

Al finalizar el período de autarquía económica y comenzar la etapa desarrollista basada en el turismo, las inversiones extranjeras y las remesas de los emigrantes, se cubrió de un manto pretendidamente “liberal” que ha servido a los defensores del franquismo para pintar de color de rosa al viejo régimen represor. El exministro franquista y fundador del PP Manuel Fraga lo expresó con su habitual contundencia: “Efectivamente, Franco sí fue un dictador. Lo fue durante unos años. No lo fue durante toda la etapa de su régimen. La dictadura fue necesaria y duró prácticamente hasta principios de los años sesenta”. Es precisamente este período en apariencia de suave gobierno el que estudia el presente libro a través del Tribunal de Orden Público (TOP) en vigor durante los años 1963-1977. Al autor del libro titulado El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), 2ª edición ampliada, el jurista malagueño Juan José del Águila, abogado laboralista de viejo cuño, Magistrado y Doctor en Derecho, le debemos el detallado análisis de la formación y desarrollo del TOP a través de una documentación exhaustiva y un minucioso estudio del conjunto de las sentencias dictadas.

Un balance siniestro

En un principio, se impuso en el franquismo la jurisdicción militar o de guerra en la que eran acusados de rebelión los que se habían mantenido fieles al régimen republicano legalmente establecido; al término de la guerra, se persiguió a la disidencia mediante el Tribunal de Responsabilidades Políticas (1939-1945); más tarde, se creó el Tribunal especial para la represión de la Masonería y el Comunismo (1940-1963); y por último, en un intento por frenar el movimiento obrero y estudiantil que dieron nuevo aliento a la oposición a la dictadura, surgió el Tribunal de Orden Público (TOP) que permaneció activo hasta después de la muerte de Franco. Se trataba, como apuntó Gregorio Peces-Barba, de dotar de apariencia de Estado de Derecho a un Estado totalitario.

Unos escuetos datos ayudarán a comprender la inmensa carga represiva acumulada por el TOP: personas afectadas, 50.714; número de procesados, 9.146; número de sentencias dictadas, 3.890, el 74% de ellas condenatorias; total de tiempo de condena,11.958 años. De las útiles estadísticas que incluye la obra se deduce que fue la clase obrera en su conjunto la más castigada con el 70% de los procesados, seguida por los estudiantes con el 22%. Si tenemos en cuenta el lugar de origen y el volumen de población, destacan por su número los procesados del País Vasco, Navarra y Asturias. Las vías por las que se llegaba al procesamiento y posterior condena eran las manifestaciones, las huelgas y las detenciones practicadas por la temida Brigada Político-Social (BPS). Los delitos principales imputados eran la asociación ilícita (todos los partidos políticos estaban prohibidos) y la propaganda ilegal (todas las demandas democráticas y las críticas al régimen así eran consideradas). Según los datos internos de la BPS en los años 1963-64, el mayor porcentaje de detenidos correspondía a los comunistas.

Desde un punto de vista procesal, el autor formula estas oportunas críticas al TOP: la jurisdicción de Orden Público otorgaba valor prioritario a los atestados remitidos por la BPS, sesgados políticamente, que incluían declaraciones autoinculpatorias, denuncias de terceros y en ocasiones malos tratos; uso generalizado de la prisión provisional para la mayoría de los procesados; celebración de determinados juicios a puerta cerrada; práctica autoritaria de los presidentes del TOP que solían coartar las intervenciones de los abogados defensores; nulo o escaso valor concedido a las pruebas practicadas en el juicio oral; arbitrario ingreso en prisión de los sentenciados que interponían recurso de casación; incineración de las pruebas intervenidas por la BPS bajo la acusación de asociación ilícita y propaganda ilegal “que condenaba a las llamas del olvido toda prueba de disidencia”.

Encontramos en el libro algunos listados de nombres dignos de ser leídos y recordados. Así, el de los 9.146 procesados (Apéndice 5) y el de los abogados defensores (Apéndice 3). Entre estos merecen destacarse aquellos que actuaron a favor de más de 100 procesados: José Solé Barberá, Juan María Bandrés Molet, Mª Cristina Almeida Castro, Mª Luisa Suárez Roldán, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Antonio Rato y Rodríguez de Moldes, Gregorio Peces-Barba Martínez, Pedro Ibarra Güell y Miguel de Castells Arteche. (Personalmente debo añadir el nombre de mi abogado defensor, Eduardo Cierco Sánchez, desgraciadamente fallecido por el Covid-19, procesado y condenado él mismo por denunciar los malos tratos que sufrí en la Dirección General de Seguridad, y el del abogado laboralista José Jiménez de Parga y Cabrera que amablemente me visitó en la cárcel de Carabanchel durante la obligada ausencia de mi letrado).

Novedades de la presente edición

El nuevo libro refleja también los avatares sufridos desde la Transición en el lento y difícil camino de la recuperación de la memoria histórica. Publicado inicialmente en octubre de 2001, desapareció misteriosamente de las librerías impidiéndose así su normal circulación. La frustración por tan sorprendente cortocircuito comercial no ha doblegado sin embargo el ánimo de su autor que durante casi 20 años ha seguido trabajando en el tema, descubriendo nuevos documentos en los archivos y recuperando ochenta y seis sentencias desaparecidas del archivo judicial del TOP que conservaba el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

Entre las novedades que aporta esta reedición están las siguientes: afloramiento de tres Juzgados Especiales (de Orden Público, de Propaganda Ilegal y de Delitos en Centros de Enseñanza, creados en 1956, 1957 y 1968, respectivamente); rescate ya aludido de 86 sentencias; reconstrucción documental del caso Grimau como evidente crimen de Estado cometido con el dirigente del PCE Julián Grimau García, fusilado el día 20 de abril de 1963 tras un Consejo de Guerra prefabricado y lleno de irregularidades (Apéndice 2); un Prólogo magistral de María Emilia Casas Baamonde, Presidenta emérita del Tribunal Constitucional, que recuerda muy oportunamente que la llamada Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de diciembre) “declaró la ilegitimidad del TOP por ser contrario a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”.

Como por fortuna editan la nueva edición del libro la Fundación Abogados de Atocha y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y colaboran el Consejo General de la Abogacía Española, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Comisiones Obreras de Madrid, esperamos una navegación segura en la difusión de esta joya historiográfica.

El olvido del TOP en la estela de la desmemoria del franquismo

¿Cuál fue el destino profesional de los magistrados, jueces y fiscales que ejercieron la represión política a través de la jurisdicción especial de Orden Público? No solo no fueron sancionados o relegados por ello, sino que en la nueva etapa democrática siguieron escalando puestos de alto nivel llegando a integrarse en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo e incluso el Tribunal Constitucional. Tomaba cuerpo así el llamado “pacto de silencio” de la Transición que relegaba al olvido los crímenes del franquismo y mantenía en todos los niveles del estado a los funcionarios que habían participado en los aparatos represivos del régimen.

“Murió el TOP, que nunca debió haber existido”, escribe en el libro la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. ¿Qué queda de él en la memoria colectiva española? Nada, ni siquiera el recuerdo de un nombre siniestro en nuestra historia reciente. Quizá algunos de los más viejos conserven en la niebla del tiempo la imagen borrosa de unos jueces venales que daban apariencia de legalidad a la represión política. Contra esa desmemoria planificada lucha ahora como cuando era joven este noble jurista andaluz haciendo suyo el verso de Brecht: “Quien aun esté vivo no diga «jamás»”. Por si acaso, para los jóvenes que desconocen nuestro pasado, para los juristas a quienes les ha sido vedado el estudio de las instituciones judiciales de la represión política en el franquismo y para los ciudadanos comunes que aprecien la libertad, tiene abierto un blog que mantiene viva la llama de la memoria y que yo recomiendo visitar de vez en cuando para refrescarla: justiciaydictadura.com.