Todos los años, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene que elaborar una Memoria expositiva sobre su funcionamiento y el estado de la Justicia en su ámbito de actuación. Además, debe incluir las medidas que se consideren necesarias para corregir las deficiencias que adviertan. Acaban de presentar la Memoria correspondiente al año pasado donde se vuelve a poner de manifiesto que Andalucía tiene la tasa más alta de litigiosidad de España. En el conjunto del Estado la media es de 185 asuntos por cada mil habitantes. Aquí es de 218,2 asuntos, la primera, por encima de Madrid (203,8) oBaleares (198,5). Ni siquiera la imposición de tasas judiciales ha servido para frenar la conflictividad.

Uno de los asuntos más espinosos todos los años es el chequeo que desde el TSJA se hace del estado de las sedes judiciales. Cabe recordar que desde las transferencias de competencias de Justicia a la Junta de Andalucía corresponde a esta la gestión de las sedes. Pues bien, en 1997, la Consejería de Justicia de la Junta elaboró un plan sobre la situación de las infraestructuras judiciales en Andalucía y qué es lo que había que hacer para que estuvieran en una situación óptima de funcionamiento. Quince años después de tener plenas competencias, advierte la Memoria del TSJA, no se ha ejecutado el 77 por ciento del presupuesto programado, lo que «no parece aceptable» advierten los jueces. Los edificios judiciales están «dispersos, son inadecuados, incluso infrautilizados en muchas ciudades» recalcan en su Memoria expositiva de 2014. Además, dan un aviso de los casos más apremiantes para que puedan ser tenidos en cuenta este año. Granada y Algeciras son para el TSJA los más urgentes. Así, –señala el informe– «la Audiencia Provincial de Granada es la única en Andalucía que carece de sede unificada y tiene sus secciones civiles y penales dispersas, éstas últimas, además, desprovistas de dependencias decorosas y dignas».

En cuanto a Algeciras se apunta la ubicación del Juzgado de Menores y de Vigilancia Penitenciaria que es «totalmente inadecuada desde hace muchos años, al tiempo que suponen un alto alquiler cuando se tiene a disposición bienes de titularidad pública que permitirían perfectamente reubicarlos». En esta misma línea, esperan «confiadamente que 2015 suponga un cambio en las sedes judiciales deLa Línea de la Concepción y San Fernando. En ambos casos, se trata de una necesidad apremiante».

Por otro lado, dejan constancia de deficiencias urgentes para resolver que sufren muchos órganos judiciales, «o situaciones que perturban gravemente el trabajo a los profesionales y justiciables, que tampoco se terminan de solucionar, muchas de ellas sin variables desde el año 2010, cuando se hizo el primer recorrido por la situación de las infraestructuras judiciales en el ámbito del TSJA». Estas faltas son comunicadas puntualmente, cada año, a las respectivas Delegaciones Provinciales de Justicia. La mayoría de ellas se refieren a problemas de mantenimiento de los edificios y dotación de los servicios básicos. Entre los más habituales: cortes temporales y periódicos en el suministro de energía eléctrica o de comunicaciones informáticas, escasez de salas de vistas, ausencia de medidas de seguridad, goteras y humedades y defectos de ventilación o refrigeración. Además, apuntan que continúan existiendo problemas de falta de espacio para archivos, como ya se destacó en la Memoria de 2013.