La petición se hace coincidiendo con el 79 aniversario de la sublevación militar del 18 de julio de 1936. La normativa general sobre la consulta de los archivos recoge que un investigador o historiador puede acceder a los fondos documentales oficiales tras haber transcurrido 50 años.

Sin embargo, una segunda norma establece que en el supuesto de que la documentación afecte a personas que pudieran estar todavía vivas, ese plazo se puede ampliar hasta los 100 años. «Es respecto a este supuesto al que se acogen los responsables de la Diputación de Valladolid, para no permitirnos acceder a los fondos documentales sobre aquellos menores que fueron acogidos en orfanatos. Se trata de miles de niños que quedaron en la indigencia esos meses, porque sus padres estuvieron encarcelados o desaparecieron, y que fueron atendidos en los comedores del Auxilio Social», explica Julio del Olmo, presidente de la ARMH.

Desde la Diputación Provincial se recuerda que la restricción al acceso viene motivada por la Ley de 1991 de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

En su artículo 21 se establece que «cuando los documentos contengan información de cualquier índole cuyo conocimiento puede afectar a la seguridad de las personas físicas, a la averiguación de los delitos, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar o a su propia imagen, no podrán ser consultados públicamente sin que medie consentimiento expreso de los afectados, o hasta que hayan transcurrido cincuenta años desde su fallecimiento, si la fecha es conocida, o, en caso contrario, cien años a partir de la fecha de los documentos».

Carlos Alcalde, historiador y director del Archivo Provincial, recuerda que la documentación que se pide consultar abarcaría alrededor de 700 cajas donde se hallan expedientes de acogimiento o adopción posteriores de niños que pasaron por el antiguo Hospicio, que tenía su sede tras la Guerra en el edificio de la actual Biblioteca en la Plaza de la Trinidad. Los registros y expedientes no puede ser consultadas sino se acredita interés personal directo. «Seguimos teniendo muchas peticiones de antecedentes familiares o biológicos, de personas que tratan de conocer su árbol genealógico o de su presencia en el Hospicio. Las restricciones de acceso las impone la ley, no la Diputación», comenta Carlos Alcalde, que reconoce que la normativa autonómica «es más restrictiva en Castilla y León» que en otras comunidades donde el límite es de 50 y aquí de cien años.

Datos de tribunales militares

Desde la ARMH se insiste en que la postura negativa de la Diputación de Valladolid contrasta con las facilidades que han tenido miembros de este colectivo vallisoletano para entrar en los archivos militares, y en concreto en el de La Coruña. En este caso se plasmó en la contratación de dos archiveros profesionales durante diez meses, cuya misión fue vaciar las cajas con documentación de 1936 sobre Valladolid. Por medio de estos legajos se ha podido determinar que muchos de los fusilamientos que hubo en las primeras semanas de la sublevación trataban de frenar una contestación al haber fallado el golpe militar en toda España, y que hubo una coordinación militar con apoyos civiles en la capital y provincia vallisoletana.

Parte de estos papeles se refieren a 7.000 vallisoletanos a los que sometió a procesos judiciales, detenciones o depuraciones en razón a la profesión que ejercieron.

Sin embargo, resta por saber la información referida a los presos detenidos por el régimen franquista. El centro principal donde se les encerraba eran los cocheras de Valladolid, que estaban detrás del antiguo Hospital Militar del Paseo de Zorrilla.

«Los libros donde se recogía el movimiento de los reclusos han desaparecido. Tenemos datos que sitúan que la media de internos alcanzaba entre los 2.000 y 2.500 personas las que estaban allí encerradas. Hemos podido entrevistar a algunas de ellas, con más de 90 años que estuvieron en este centro ,pero del cual no hay registro documental», explica Del Olmo. Eran los llamados presos gubernativos, que estaban a disposición de la autoridad militar, pero sin sentencia firme por no haber pasado todavía por un tribunal. La ARMH ha constatado además la desaparición de los libros censales del Ayuntamiento en los que figuraban en aquellos años personas presas. Pese a ello, el colectivo ha contabilizado por otras fuentes, entre ellos los procesos militares e informes de movilidad, que hubo al menos 4.500 reclusos.

Fuente: El Norte de Castilla.es