La alcaldesa de Alcalá de Henares, investigada por un delito de infidelidad en la custodia de documentos

Judith Piquet (PP) deberá acudir al juzgado el próximo 19 de noviembre tras hacerse público en enero un documento reservado de la Policía Local

Madrid

La alcaldesa del municipio complutense, Judith Piquet, del PP, acudirá al juzgado a mediados de noviembre junto a su jefe de prensa, ambos en calidad de investigados. La denuncia de la Fiscalía ha llevado a la apertura de diligencias previas por parte del juzgado de instrucción número 2 de Alcalá de Henares Se investiga un delito de infidelidad en la custodia de documentos en su variante de acceso a documentos confidenciales sin autorización.

Los hechos investigados se remontan a enero de este año cuando la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso vinculó sin pruebas a inmigrantes con agresiones sexuales y un brote de sarna en Alcalá de Henares. Esa información no veraz fue conocida por la presidenta regional tras una reunión con la alcaldesa del municipio alcalaíno. Al día siguiente, Díaz Ayuso se puso de lado y dirigió la polémica hacia Judith Piquet.

Sin embargo, en una huida hacia adelante responsables del PP madrileño publicaron en redes sociales un informe elaborado por la Policía Local del municipio sobre una agresión a una mujer cerca del cementerio de la ciudad

Ese informe de incidencia recoge los rasgos de los atacantes pero no detalla ningún tipo de ataque sexual. La víctima fue atendida de varias lesiones porque fue derribada sobre la acera.

Ahora la Justicia quiere saber cómo pudo llegar ese documento confidencial a manos de terceras personas que además le dieron publicidad.

Y al frente de la Policía Local de Alcalá de Henares se encuentra la alcaldesa, primera y última responsable de las labores de este cuerpo de seguridad pública.

Ese mismo 19 de noviembre han sido también citados pero en calidad de testigos altos mandos de esa Policía Local que son los responsables de la elaboración de ese informe.

El delito de infidelidad en la custodia de documentos es un delito que principalmente se imputa a funcionarios y cargos con responsabilidad ejecutiva. No lleva en ningún caso aparejadas penas privativas de libertad pero si la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de 1 a 3 años.

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