LECTURA PÚBLICA Y BIBLIOTECAS
EN ESPAÑA
Principales claves de la situación de las bibliotecas públicas en España y propuesta de hoja de ruta para establecer una política de lectura pública desde el marco de un PACTO DE ESTADO.
INTRODUCCIÓN.
La nueva situación política española está propiciando el debate sobre la política cultural que precisa nuestro país. La forzada dimisión del ministro Maxim Huerta y el nombramiento de José Guirao, con un perfil de gestor cultural, reabre el debate sobre el modelo de cultura de España en una configuración como la actual de Estado de las Autonomías.
Por mi formación y experiencia deseo insistir en la necesidad de que la lectura pública y las bibliotecas no permanezcan en el olvido del actual Gobierno. Nuestro país presenta un mosaico de grandes desigualdades que jamás se han afrontado. Más de tres mil municipios españoles carecen de cualquier tipo de acceso a servicios de biblioteca pública, y la biblioteca escolar es hoy la gran asignatura pendiente de los sistemas educativos.
Mediante el Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, se ha desarrollado la estructura orgánica básica del nuevo Ministerio, que recoge las competencias de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, que asume las competencias de bibliotecas.
LA HOJA DE RUTA: LAS BIBLIOTECAS, EJE DE LAS POLÍTICAS DE LECTURA.
La biblioteca pública es la puerta democrática de acceso al conocimiento, la cultura, la información, la educación permanente y el ocio positivo. Frente a quienes piensan que las bibliotecas en la era de Internet no son tan necesarias, se equivocan. Cada vez más las bibliotecas tienen un compromiso social que amplía nítidamente sus actividades: junto a los tradicionales servicios de lectura en salas, préstamo, preservación de las colecciones, cuentacuentos, presentaciones de libros…. Las bibliotecas constituyen un lugar de encuentro y convivencia, un centro de debate y propuestas ciudadanas, un servicio para la solidaridad y la integración sin barreras de ningún tipo…
Pese al gran avance experimentado en España durante la época democrática en el servicio bibliotecario no se han corregido algunas de las carencias y desigualdades más graves. Y lo que es peor, no existen iniciativas para eliminar esas desigualdades. Los años de crisis económica en España han propiciado el descenso de presupuestos para las bibliotecas, la parálisis de planes inversores, el descenso en las adquisiciones de obras e incluso el descenso de horario de atención al público y el cierre de bibliotecas municipales.
Pero la lectura se conforma desde un trípode: familia, centro educativo y biblioteca pública. Consiguientemente, es precisa la coordinación entre los ministerios de Cultura y de Educación para diseñar planes de futuro que consigan desarrollar en España una verdadera SOCIEDAD LECTORA.
La hoja de ruta que pienso debe trazarse es la siguiente:
1) Se precisa la actuación del Gobierno de España para promover un PACTO DE ESTADO que permita desarrollar una verdadera POLÍTICA DE ESTADO en materia de Lectura y Bibliotecas. Ese Pacto debe implicar al conjunto de las Administraciones Públicas.
2) Con la separación de las competencias de Educación y de Cultura es absolutamente necesaria una coordinación entre los ministerios deEducación y Formación Profesional y de Cultura y Deportes. La relación y el trabajo conjunto, con visión de Estado, es imprescindible para promover la lectura en la infancia y adolescencia a través de los centros educativos y en estrecho contacto con las redes de bibliotecas públicas.
3) Si la Lectura pública se convierte en una de las prioridades de la política cultural del Gobierno de España, parecería necesario que en la primera Conferencia de Presidentes que se celebre se incluya un informe sobre la situación del servicio de biblioteca pública en el conjunto del país así como de las bibliotecas escolares en los distintos sistemas educativos autonómicos. De no llevarse a cabo la inclusión de la cuestión de la lectura y las bibliotecas en esta Conferencia, debería garantizarse tratar el asunto en las dos conferencias sectoriales (Educación y Cultura), pero de forma coordinada. El tratamiento de la lectura pública ha de ser integral, por lo que al haberse separado los ministerios ha de plantearse la política general bibliotecaria en la Conferencia Sectorial de Cultura y tratarse la cuestión de las bibliotecas escolares y las políticas de fomento de la lectura en los diversos niveles educativos en la Conferencia Sectorial de Educación.
4) Nombramiento de dos grupos de expertos para elaborar sendos informes que contengan las bases sobre las que deberá redactarse la necesaria Ley de Coordinación de Bibliotecas y Lectura pública. Lógicamente, esta Ley sólo podrá plantearse desde el Pacto de Estado que he mencionado anteriormente. Uno de los grupos analizará la situación de las bibliotecas públicas y las claves básicas para incluir en la Ley y el segundo grupo estudiará la Biblioteca escolar en el sistema educativo en sus niveles de educación infantil, primaria y secundaria y la paulatina incorporación de bibliotecarios profesionales.
5) Impulso a la promulgación de una Ley de Coordinación de Bibliotecas y Lectura pública, de carácter estatal. Es cierto que no siempre se garantiza el cumplimiento de las leyes, pero si existen será más fácil que se desarrollen políticas bibliotecarias y servicios en todo el país. El grado de desarrollo normativo en bibliotecas es absolutamente dispar en el conjunto del Estado de las Autonomías.
6) En las líneas maestras del Pacto de Estado se tendrán especialmente en consideración las estrategias a seguir para resolver la carencia de servicios bibliotecarios en los más de 3.000 municipios españoles que actualmente no disponen de biblioteca o de servicio de bibliobús.
7) Diseño de un plan que promueva los valores de la lectura y la información, fundamentalmente desde los servicios bibliotecarios, utilizando los medios de comunicación audiovisuales públicos.
EL MARCO LEGAL: LA NECESARIA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
El conjunto de Administraciones Públicas tienen competencias en este servicio público esencial para la sociedad española, no siempre correctamente asumidas. Desde el inicio de la década de los años ochenta del siglo XX, clamé por una Ley de Coordinación Bibliotecaria estatal, que sirviese de Ley-marco para el conjunto del país. La promulgación, por fin, de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, no sirvió para corregir los muchos aspectos que precisaban una regulación nacional. Por otro lado, las legislaciones autonómicas, distintas y distantes en forma, tiempo y características de los servicios de biblioteca pública, no han resuelto en muchos de los casos la pregunta crucial de quién tiene la obligación de crear y sostener una biblioteca pública. En muchas regiones el listón para crear bibliotecas públicas se situó en los 5.000 habitantes que marcó la Ley de Bases de Régimen Local. Otras optaron por los 3.000 habitantes que tradicionalmente recomendaba la UNESCO. Hay regiones que han sido más democratizadoras de este derecho y situaron en 2.000 e incluso en 1.000 habitantes la frontera para que el municipio contase con biblioteca pública, que es el caso de Castilla-La Mancha. Estas legislaciones, junto al desarrollo de planes bibliotecarios más progresistas o a programas regionales que han venido apoyando financiera y técnicamente el desarrollo de bibliotecas públicas municipales, han colaborado en articular un mosaico bibliotecario verdaderamente desigual de unas regiones a otras y entre unos municipios y otros. Por ello entiendo que se precisa legislar una nueva Ley en el sentido ya expuesto.
El Plan Cultura 2020, aprobado por el Ministerio, no incluye medida alguna que corrija la situación de desigualdad de las bibliotecas públicas en España y que intente una verdadera Política de Estado en materia de bibliotecas públicas. La excusa siempre es que las comunidades autónomas y las Administraciones Locales tienen las competencias de gestión sobre el servicio bibliotecario, olvidando el papel coordinador de la Administración General del Estado que consagra la Constitución de 1978. Sólo hay que ver que en otros ámbitos, como el educativo, incluye medidas relativas a los planes de lectura en centros docentes mediante clubes de lectura.
Las regiones o ciudades con políticas bibliotecarias más avanzadas dicen frecuentemente que esto no es cosa del Estado. Yo afirmo la necesidad de que el Gobierno de España impulse una verdadera política de Estado en materia de lectura pública y bibliotecas y lo haga mediante un Pacto en el que participen el conjunto de Administraciones Públicas, todas con competencias en estas materias. Las comunidades autónomas son competentes en Educación pero desde hace años se insiste en la necesidad de contar con una política educativa que se base en el Pacto y no en imposiciones; en ese contexto habría que articular los mecanismos para hacer realidad el viejo sueño de la biblioteca escolar gestionada por profesionales, con el perfil que se determine. Igual ocurre con las competencias para desarrollar políticas bibliotecarias, que es de las comunidades autónomas, aunque en general la creación de bibliotecas lo es de los ayuntamientos. También las diputaciones provinciales tienen competencias en bibliotecas, especialmente para los municipios más pequeños. Y el Estado, como titular, conserva competencias sobre las llamadas Bibliotecas Públicas del Estado, gestionadas por las comunidades autónomas. En este panorama entendemos que la Administración General del Estado tiene competencias de coordinación para asegurar que los servicios bibliotecarios lleguen a todos los españoles. La Constitución Española de 1978 sigue siendo el marco de convivencia política y ciudadana: Hace meses parece que los españoles descubrimos el artículo 155, aplicado en Cataluña; pero hay otros artículos que parecen olvidados por el Estado. Así, por ejemplo, el artículo 149.1.1º) resulta esencial para valorar el papel ministerial en la resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre…la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el incumplimiento de los deberes constitucionales.” Y el artículo 150.3 prevé incluso que “… podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general…”