ICA – Noticias de la Sección de Archivos y Derechos Humanos, Febrero 2020

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DESTACADOS DEL NOTICIARIO DEL ICA-SAHR
DE FEBRERO 2020
Un breve anticipo del boletín de noticias de febrero 2020 del ICA-SAHR
Escrito y compilado por Trudy Huskamp Peterson para el HRWG

Traducido por Blanca Bazaco Palacios, Paloma Beneito Arias y Valentina Rojas Rojo

Escribimos sobre: El caso del Archivo de la Policía de Guatemala.

Desde su primera reunión en enero de 1946 hasta febrero de 2020, el Consejo de Seguridad de la ONU nunca había tenido un debate centrado únicamente en justicia transicional. Gracias al gobierno belga, que preside el Consejo desde febrero, esta larga sequía ha llegado a su fin. Y, según el Centro Internacional de Justicia Transicional, “La alta participación de los Estados miembros ha sido sorprendentemente positiva, ya que más de 60 oradores se han inscrito para presentar sus declaraciones oficiales. Unos pocos minutos antes de que comenzara el debate a las 10 de la mañana, la cámara del Consejo de Seguridad estaba llena en una sesión que ha durado hasta la noche”.
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Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abrió la sesión con una declaración que pronunció por vídeo desde Ginebra. Comenzó diciendo, simplemente, “Sabemos que la paz duradera está interrelacionada con la justicia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos”. Señaló los recientes acontecimientos en Sudán (véase más abajo) y se refirió a su propia experiencia en Chile. Después, se refirió a la situación en Guatemala diciendo:
Guatemala se ha destacado gracias al informe final de su Comisión de la Verdad “Memoria del silencio” (1999). El informe ha proporcionado un documento con autoridad sobre las violaciones de derechos humanos durante el conflicto, dando voz a las víctimas y analizando las dinámicas subyacentes en 36 años de conflicto. Ha sido fundamental para promocionar los derechos de las víctimas, incluyendo algunos casos de alto perfil sobre violencia sexual y otros delitos, de los que han devenido medidas de reparación y transformadoras centradas en las víctimas. Lamentablemente, gran parte de estos progresos peligran en la actualidad”.
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Como los lectores de este Boletín sabrán, la situación de los archivos en Guatemala es precaria. El anterior archivero nacional y el exdirector del archivo de la policía todavía tienen sus casos en la justicia. Los documentos de la Comisión de la Verdad y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) están en Nueva York sin posibilidad de acceder a ellos para la investigación. En Guatemala, el Archivo General de Centroamérica (su Archivo Nacional) continúa padeciendo una cruel escasez de recursos personales, financieros y de instalaciones. El Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) está moribundo.

En julio de 2019, el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para garantizar la preservación y el acceso a los documentos policiales. Al no llegarse a una solución, el 3 de febrero de 2020, el Procurador junto con representantes de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Asociación de Estudiantes Universitarios, en una audiencia pública, volvió a presentar una solicitud.

Para sorpresa de muchos, el 3 de marzo la Corte Suprema anunció su fallo a favor de la posición del Procurador. Basando su fallo en el artículo dos de la Convención Americana de Derechos Humanos, declaró que el Ministerio del Interior no debía de “amenazar la integridad” del Archivo de la Policía. El Ministerio de Cultura, que es la sede del Archivo General, debe desarrollar en cuatro meses un plan para restablecer el personal de archivos a un número suficiente como para continuar su trabajo, el Congreso debe de trabajar en una ley revisada de archivos, y el gobierno debe de pedir consejo a archiveros nacionales e internacionales. Como comentaba la activista de derechos humanos, Kate Doyle, ha sido una buena solución, pero “debemos recordar que, primero, el gobierno todavía puede apelar y, segundo, que existe una gran diferencia entre la resolución y la acción (dentro del AHPN).”
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Si te preguntas, como hago yo a menudo, si todos los escritos y declaraciones políticas sobre archivos y derechos humanos tienen alguna incidencia, esta decisión te reafirmará. En la página 42, nota a pie de página 68, la Corte cita la declaración de 16 de junio de 2019 publicada por el Consejo Internacional de Archivos sobre el Archivo de la Policía de Guatemala; en la página 49, nota a pie de página 78, el juez cita las Herramientas de Derecho para Estados en Post-Conflicto: Documentos publicados por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2045; y en la página 51, nota a pie de página 79, los jueces se refieren a “La Administración de Justicia y Derechos Humanos de los Detenidos: Cuestiones de impunidad de perpetradores de violaciones de derechos humanos (civiles y políticos)”, conocidos habitualmente como los principios Joinet-Orentlicher. Así que, por lo que a nosotros concierne a archivos y derechos humanos: Continuad escribiendo. Y gracias a todos los colegas que nos han enviado información sobre la Corte y su decisión.

La violación de la privacidad de internet es violencia doméstica.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando una mujer gitana informó a la policía de que su exmarido había accedido sin su permiso a su cuenta de correo electrónico y de Facebook y “había hecho copias de sus conversaciones privadas, documentos y fotos”, la policía se negó a investigar. Ella llevó al caso al Tribunal, que “ha ordenado a Rumanía pagarle como víctima de abuso doméstico”, informó BIRN, diciendo que esta violación de la privacidad en internet es una de las “diversas formas que puede tomar la violencia doméstica”

Reconociendo la violencia sexual dentro de los grupos armados.

Colombia.  InSight Crime informó de que el 11 de diciembre la Corte Constitucional reconoció que una mujer reclutada a la fuerza por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que sufrió violencia sexual y fue obligada a abortar, es víctima del conflicto armado. La Corte ordenó que recibiera “asistencia médica especializada” y que fuera incluida en el Registro Nacional de Víctimas “garantizando su acceso a las reparaciones previstas en la Ley de Víctimas de 2011”. El caso “establece un punto de referencia internacional para el reconocimiento de dicha violencia sufrida por mujeres y niñas dentro de los grupos armados”

Debate “10 000 víctimas y ningún culpable”.

Taiwán.  La Comisión de Justicia de Transición puso en marcha una “base de datos en línea con capacidad de búsqueda de los expedientes judiciales de casi 10 000 víctimas de persecución política durante el período de ley marcial del país” de 1949 a 1987, informó la CNA. Se incluyen los nombres de los oficiales militares que participaron en los juicios de las víctimas, pero “debido a limitaciones de tiempo y presupuesto, no se incluyeron en la base de datos documentos como los registros de arrestos e interrogatorios y los tiempos de prisión cumplidos por cada persona”. Tampoco contiene información sobre las personas que fueron ejecutadas sin un juicio judicial”. El director del Museo Nacional de Derechos Humanos dijo que la base de datos “es una importante refutación de la noción de que el período de la ley marcial de Taiwán fue una era de ’10 000 víctimas pero ningún perpetrador'”.

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