Guerra sucia y cierre de archivos
Renata Terrazas Tapia
La transición política en México en el año 2000 trajo la esperanza de la construcción de gobiernos más abiertos y transparentes. Esto pareció confirmarse con la creación de leyes de transparencia y la apertura de archivos para la reconstrucción de la memoria colectiva y el combate a la impunidad por delitos cometidos por los regímenes anteriores.
Ante una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos derivada de sus investigaciones sobre desaparecidos por motivos políticos, el titular del Ejecutivo federal, en aquel entonces Vicente Fox Quesada, emitió un acuerdo presidencial en 2001 para que, entre otras cosas, se abrieran los archivos generados por las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que en ese momento se encontraban en resguardo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Estos archivos contienen información sobre las acciones de los gobiernos federales en las décadas de los sesenta, setenta y parte de los ochenta (hasta 1985) relacionadas con violaciones a los derechos humanos y delitos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos. El objetivo de su apertura era poner a disposición del público en general y de la recién creada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), así como de víctimas y sus familiares, toda la información posible para saber qué había pasado con las más de 500 personas desaparecidas en la llamada guerra sucia.
Más de cuatro mil cajas que contenían toda clase de documentos sobre las acciones de inteligencia del gobierno mexicano en las mencionadas décadas fueron trasladadas al Archivo General de la Nación (AGN) en febrero de 2002, en cumplimiento con el acuerdo presidencial de 2001, tal y como consta en el acta administrativa de entrega-recepción, en la cual se menciona a un personaje que cobrará importancia más adelante, Vicente Capello y Rocha, entonces jefe del departamento de archivo del Cisen.
Si bien el traslado de los archivos permitió su consulta pública, desde el inicio estuvieron custodiados por el Cisen, a diferencia de cualquier otro acervo del AGN. A cargo de la Galería Uno se encontraba Vicente Capello y Rocha –quien fungiera desde 1961 como agente de la extinta DFS y a quien se le vincula a los aparatos de inteligencia y espionaje en las décadas en las cuales el Estado mexicano abrió una guerra contra la disidencia y los movimientos políticos y sociales, así como movimientos armados– ahora prestando sus servicios como consultor para el AGN. Es decir, Capello estuvo custodiando los archivos con información sobre delitos cometidos contra movimientos sociales por parte de sus propios ex compañeros.
Desde su apertura, para la consulta de los archivos de la Galería Uno existía un proceso interno, precedido por el ex agente de la DFS, Vicente Capello y Rocha, con el objeto de determinar si el acceso se otorgaba o no. Ya desde entonces el cumplimiento del acuerdo presidencial de Fox quedaba sujeto a la voluntad del Cisen; si bien el acervo quedaba custodiado por el AGN y era discursivamente abierto al público, dependía de los empleados del Cisen que se entregara o no cierta información.
Para las víctimas y sus familiares, hasta 2006, fecha en la que cierra la Femospp, encargada de dar seguimiento a las investigaciones de al menos 532 casos de personas desaparecidas, el acceso a los expedientes era total. Para los demás, el acceso directo era primero mediante fichas que contenían una descripción del documento y posteriormente los empleados del Cisen entregaban los archivos requeridos.
Hasta 2014 esta modalidad operaba pero en 2015, sin aviso previo, se dispuso que la consulta directa ya no era posible. El pretexto es el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos que determina la existencia de “archivos históricos confidenciales”. Figura contradictoria ya que un archivo al ser histórico no puede tener ningún tipo de información reservada para la consulta pública, como lo son los datos confidenciales. Lo que ahora tenemos es un tratamiento especial para los archivos de la Galería Uno del AGN, bajo una falsa figura legal que lo que genera es una limitación al acceso de tan importantes archivos.
Los archivos abiertos por el acuerdo presidencial de 2001 contienen información sobre las desapariciones de cientos de personas en México en un periodo de más de 20 años. La información obtenida de esos archivos ayudó en casos como los de Rosendo Radilla –líder social de Guerrero desaparecido en 1974 y que de manera ilegal fue detenido por un retén militar–, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Corte IDH en 2009 emitió una sentencia condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos, convirtiéndose en el primer caso significativo en el que la Corte IDH condena al Estado mexicano y del cual se derivan medidas legales para evitar casos similares y para la reparación del daño.
Así como el caso Rosendo Radilla, hay cientos de víctimas y familiares esperando justicia y la reparación del daño cometido por el Estado mexicano. Una de las funciones de la construcción de la memoria colectiva en casos como el de la guerra sucia y el de desapariciones forzadas es la no repetición de estas acciones. Desafortunadamente, en México llevamos años viviendo una regresión en materia de derechos humanos, específicamente reflejada en casos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura; casos como los de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato; los cientos de reporteros agredidos y asesinados, así como los miles de desaparecidos en México lo demuestran.
Queda claro que existe un interés por dificultar el acceso a los archivos de la guerra sucia, quizá sea porque se quiera controlar la creación de conciencia histórica o porque se quiera evitar ver la época actual a la luz de las acciones abusivas y represivas por parte del Estado mexicano en los años setenta.
El acceso a los archivos de la Galería Uno no puede reservarse bajo tecnicismos “legales”; seguir explorando su contenido es necesario para el esclarecimiento de casos en los que el Estado mexicano abusó de su fuerza para reprimir y desaparecer a quienes se oponían al régimen. El poder de Estado ha buscado imponer su visión de las cosas, sin embargo conocer la verdad es necesario para la no repetición de hechos y evitar regresar a épocas tan oscuras como la de la guerra sucia.