El ministro Wert, y más concretamente la Secretaría de Estado de Cultura que de él depende, tiene sobre la mesa un espinoso problema: las dudas que el Tribunal Supremo ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre algunos aspectos de la Ley de Propiedad Intelectual. La reforma, una de las prioridades en la acción de gobierno del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ya sufrió antes las críticas del Consejo de Estado, del Consejo del Poder Judicial y de toda la oposición en el Congreso.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha señalado, en un auto consultado por este diario, la posible incompatibilidad con las directivas europeas del modelo de compensación por copia privada, uno de los pilares básicos del anteproyecto de ley. Lo que el Supremo ha examinado con lupa, a raíz de un recurso interpuesto por entidades de gestión de derechos de autor como VEGAP, EGEDA y DAMA, es el sistema de compensación por copia privada que el Gobierno creó a cargo de los presupuestos del Estado, en sustitución del llamado canon digital que defienden dichas entidades. En el auto, los magistrados del tribunal expresan sus serias dudas de que este nuevo modelo y la supresión del anterior sean compatibles con la directiva de Bruselas.

Aunque el auto no paraliza la tramitación parlamentaria de la ley, las entidades de gestión consideran que si el Gobierno siguiera manteniendo el mismo texto sería una “huida hacia adelante de difícil explicación”. Fuentes del Ministerio de Cultura aseguraron ayer a este periódico que la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual sigue su curso “porque afortunadamente sigue siendo válida la separación de poderes”, y pronosticaron que el nuevo texto legal podría quedar definitivamente aprobado a finales de octubre.

Los jueces del Supremo han dirigido dos preguntas concretas a sus colegas de Bruselas: una, si es conforme al artículo 5.2.b) de la directiva 2001/29 un sistema de compensación equitativa por copia privada que, tomando como base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los presupuestos generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas. En caso de que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa, el Supremo plantea a Bruselas si es conforme a dicho artículo que la cantidad destinada por los presupuestos generales del Estado a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio causado, deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

En resumen: el Supremo quiere saber, por un lado, si se adecua a la legislación europea el hecho de que la compensación por copia privada la costeen los presupuestos generales; y por otro, si tiene base el hecho de que cada año las cantidades destinadas a esa compensación fluctúen en la medida en que fluctúan los presupuestos. El canon digital que el Gobierno Rajoy decidió cambiar por el nuevo modelo era una tasa que se aplicaba a medios y soportes de grabación y cuya recaudación iba destinada a autores, editores y productores como compensación por las eventuales copias privadas de sus obras.

Las dudas del alto tribunal reflejan las que también tuvo en diciembre de 2013 el Consejo de Estado. En su dictamen, el organismo señaló que el nuevo sistema con cargo a los presupuestos del Estado presentaba “elementos de dudosa conformidad con el derecho europeo” y recomendaba una “profunda revisión” de los artículos relacionados con este aspecto, que no se produjo. Las entidades de gestión de derechos de autor han visto cómo, desde que el Gobierno suprimió el canon digital e implantó este nuevo sistema con cargo de los Presupuestos Generales, las cantidades destinadas a compensación por copia privada han caído de 115 a cinco millones de euros.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogerá este lunes un acto de protesta de las entidades de gestión de derechos de autor contra el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual actualmente en tramitación. A la convocatoria acudirán los presidentes de las diferentes sociedades de gestión, además de artistas, escritores, editores y productores, para hacer frente a una norma que califican de “regresiva e innecesaria”

 

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