Hace ya semanas que ha visto la luz el número 10 de la Revista Catedral de León, el proyecto editorial del Cabildo y del Obispado leonés para ensalzar y divulgar uno de los principales monumentos de la ciudad, aunando sus valores patrimoniales, espirituales y también turísticos.
Repartida con cada entrada a la Catedral, a la venta en ciertos puntos de la capital, la mayor parte de los lectores que acumula no se habrán fijado más que en el habitualmente bien diseñado y documentado contenido sobre todo tipo de detalles de la seo leonesa. Pero entre las páginas de esta última edición algo más llama la atención.
La sorpresa, que algunos no dudan de tildar de “disgusto” y hasta de “desfachatez”, es la presencia de Taurino Burón Castro entre las firmas invitadas. Este investigador leonés, autor de decenas de publicaciones de contenido histórico, archivístico y documental de toda la provincia leonesa, protagoniza en concreto el articulo titulado “El símbolo del Cabildo Catedralicio de León”. El contenido se refiere a la localización del centenario emblema de la Catedral gótica (un jarrón con azucenas) en el propio templo y sus proximidades, desplegado en cinco páginas.
El problema del desagrado de algunos expertos por el protagonismo que a Taurino Burón le otorgan el Cabildo y los responsables de la revista estriba en el pasado del autor. Y es que sobre él pesó una condena penal cuando era funcionario de la Junta de Castilla y León en el Archivo Histórico de León por el robo de decenas de documentos históricos de valor incalculable, la desaparición final de algunos de ellos e incluso la posible venta o destrucción de una cifra jamás estimada. Un expurgo dramático para la memoria de la historia leonesa, según algunos expertos consultados.
Para más inri, entre los damnificados por las condenadas acciones de Burón Castro estuvo la propia Catedral y el Obispado de León, que como tantas instituciones, organizaciones, asociaciones, ayuntamientos, colegios, juntas vecinales, parroquias, bibliotecas y particulares entregaron en su día, con absoluta confianza, documentos al experto sin que todas ellas pudieran ser finalmente recuperadas.
Sed del Archivo Histórico Provincial de León, en la antigua cárcel de la ciudad.La pena, cárcel y mucho dinero
Se trata de detalles que refleja la sentencia del Juzgado Penal número 2 de León que juzgó a Taurino Burón en el año 2005. El magistrado encontró pruebas suficientes para condenarle a tres años de prisión, el pago de las costas judiciales, y altísimas indemnizaciones económicas por los tres únicos casos de ejemplares que jamás se pudieron recuperar: 150.000 euros al Ayuntamiento de Quintana del Castillo por el único original de ‘Cédulas Reales, Provisionales y Ejecutoria, ganadas en el Consejo Supremo de la Guerra en los Reinos de los señores reyes D. Felipe IV y D. Carlos II, a favor de los caballeros Hijosdalgo Notarios de Castilla y Jurisdicción de Cepeda“; 12.000 euros a la Junta Vecinal del pueblo de Colinas del Campo de Martín Moro por el documentos de ”Confirmación de Privilegios de Colinas del Campo“; y unos 12.000 euros al Estado por la valoración de un exclusivo facsímil de ‘La biblia de San Isidoro’.
La Junta de Castilla y León, como administración responsable del Archivo Histórico en el que trabajaba, también fue condenada como responsable civil de un escándalo que, sin embargo, pasó casi totalmente desapercibido para la opinión pública. Y eso que fue la entonces directora del centro la que, tras meses de sospechas crecientes, le puso trampas para recoger pruebas que resultaron definitivas, acudiendo ella a denunciar el caso a la Comisaría de Policía de León en enero del año 2002.
Cajas, bolsas, maletas… y “fines lucrativos”
Tras varios registros, testigos expertos y hasta ‘pinchazos’ telefónicos por orden judicial, en los hechos probados se reflejó que el funcionario se llevaba a sus dos casas, en León capital y en un pueblo cercano, cajas enteras, bolsas y maletas de documentación del Archivo provincial, “obras de notable valor histórico y cultural con un valor económico incalculable”. Pero incluso sentenció que “aprovechándose de su condición de archivero, se ponía en contacto con numerosas instituciones públicas y privadas, religiosas o con particulares, ocasiones que aprovechaba para apropiarse de documentos y libros con fines lucrativos”, es decir, para ganar dinero con su venta.
El volumen de documentación que había reunido el ya entonces reconocido y muy polífico autor de decenas de libros, que le fue incautado y se trató de devolver a sus propietarios, asustó a investigadores policiales y al magistrado. Sólo del Archivo Histórico se contaron 159 documentos distintos. Pero el listado del resto ocupaba folios y más folios. Entre ellos, documentos del Obispado leonés o el caso flagrante del “Proyecto del Alumbrado de León de 1913”. Este proyecto se dio por perdido poco antes de su detención. Él negó tenerlo en su poder pero fue encontrado en el registro sorpresa de una de sus viviendas. Por entonces, una cierta desidia policial hizo que en los días transcurridos entre un registro y otro desaparecieran muchos más, nunca se demostró si quemados para destruir pruebas, como se llegó a sospechar, u ocultos.
No debió haber muchas dudas de su culpabilidad, dado que la Audiencia Provincial de León ratificó la misma condena en 2006 para el archivero al rechazar su recurso que, entre otras cosas, insistió sin éxito en la teoría de que había sido acosado laboralmente en el Archivo Histórico leonés y toda la operación que acabó con su condena fue una especie de trampa.
A las más altas instancias posibles
Sin embargo, en apenas un año las fechorías de Taurino Burón fueron eximidas en las más altas instancias, por lo que nunca ingresó en prisión. En febrero de 2007 el Consejo de Ministros dirigido por el entonces presidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó el Decreto 211/2007 “por el que se indulta a don Taurino Burón Castro”. El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado y sancionado por el rey Juan Carlos, como todos los indultos, supuso “conmutar a don Taurino Burón Castro la pena privativa de libertad impuesta (tres años de cárcel) por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer otro delito doloso en el plazo de cuatro años”.
El condenado continuó su incansable actividad editora pero no constaba de manera pública que ninguna institución, especialmente las que habían sido engañadas y damnificadas por su ‘rapiña’ histórica, hubieran hecho borrón y cuenta nueva con su figura. Hasta que su nombre ha aparecido en el artículo en la Revista Catedral de León, cuyos números están disponibles aquí.
El deán de la Catedral quita hierro a la polémica
Se trata de un segundo indulto, en este caso de carácter intelectual. Pero al que quita hierro el deán de la Catedral de León y miembro del Consejo de Redacción de la revista, Manuel Pérez Recio, en declaraciones a ILEÓN: “Propusimos este tema como proponemos otros, valorando en igualdad de condiciones si dan a conocer aspectos del archivo (de la Catedral), detalles nuevos sobre la materia en cuestión, y aplicando el criterio científico que aplicamos en el caso de cualquier investigador”. Y sopesado esto, se dio el visto bueno a su artículo.
A pesar de que el propio Taurino Burón ha rehusado, a través de un familiar, a hacer declaraciones al respecto del caso, el propio deán catedralicio no comparte algunas de las críticas por el renovado protagonismo del autor, condenado en su día pero que ya ha saldado su pena porque, asegura, “no es cuestión de meternos en interioridades de ningún sujeto”.
Es, sin duda, una visión muy diferente de quienes consideran que el daño causado con sus acciones de hace años, al contrario que su pena judicial, no han prescrito desde el momento en que no se supo nunca el paradero de “abundante” e “irrepetible” documentación. Como nunca se sabrá hasta qué punto le sirvió en su momento y todavía ahora para fraguarse la condición de reconocido experto “incluso internacional”, remarca su entorno familiar.