Un resumen con la argumentación de las aportaciones ciudadanas seleccionadas por el Gobierno es a lo que han tenido acceso los grupos de la oposición para la tramitación y debate de la Ley de Transparencia.
Artículo El País, 10-09-2012.
La diputada socialista Meritxell Batet pidió, en el mes de abril, información sobre las 3.683 aportaciones que se realizaron en el trámite de audiencia pública del anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Cuatro meses después, la mesa del Congreso le ha contestado diciendo que esos datos ya acompañaban al proyecto de ley de Transparencia que ha iniciado su tramitación en el Parlamento.
Sin embargo, en el expediente solo consta un resumen de los argumentos esgrimidos en una selección de las sugerencias, hecha por el propio Gobierno, con lo que no se puede contrastar si “responde al criterio de ser aquellas de mayor importancia o trascendencia”, tal como ha expuesto Batet en un escrito registrado en el Congreso. La diputada considera que el Gobierno “no ha cumplido con su deber de facilitar la documentación requerida” y solicita de la Mesa del Congreso que requiera del Gobierno que facilite la documentación solicitada. “Ha transcurrido el plazo y no han cumplido con el deber de facilitar la información y tampoco han dado ninguna explicación al respecto”, subraya la diputada.
El Gobierno, tras presentar el anteproyecto de la Ley de Transparencia, abrió un plazo para que ciudadanos y colectivos presentaran sugerencias para enriquecer el texto. En mayo, el Consejo de Ministros dio luz verde a la norma y adujo haber recogido algunas de las recomendaciones, aunque ni se mencionaron las que fueron, ni se hicieron públicas las peticiones de los ciudadanos. Tampoco ahora el Gobierno se las ha trasladado a la oposición.
En su escrito, Meritxell Batet, se muestra “extrañada” porque el Gobierno no cumpla su deber de facilitar la documentación requerida en un proyecto de ley como este, “que proclama la transparencia y el acceso a la información pública ejes de toda acción política y que pretende ampliar las obligaciones de publicidad de todas las administraciones”. “Es paradójico que lo hagan justo con este proyecto de ley”, insiste.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y uno de los impulsores de la ley, José Luis Ayllón ha negado que el Gobierno esté tratando de ocultar algo. Ayllón argumenta que la norma ha seguido un procedimiento especial, ya que se abrió la posibilidad de hacer sugerencias, y que, jurídicamente, el trámite ha sido distinto al del resto de leyes. Además explica que no se avisó a los remitentes de las sugerencias de que éstas iban a divulgarse, por lo que la publicación de las mismas podría contravenir la ley de protección de datos. En cualquier caso, Meritxell Batet considera que podrían haberse facilitado las recomendaciones de ciudadanos y colectivos omitiendo la identificación. “Vamos a darle respuesta en los próximos días”, ha señalado Ayllón.
Además, el Gobierno tampoco ha trasladado a los grupos que existe un comité de expertos al que pueden consultar para su asesoramiento en la tramitación de la ley.
ANABAD ha presentado el día 4 de abril, ALEGACIONES al Anteproyecto.