La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez quiere ilegalizar, se presentó durante cuatro años a subvenciones públicas para mejorar su archivo. Y las ganó. Según cuenta la propia asociación en su memoria y confirma la administración pública,  los 150.845,77 euros que obtuvo entre 2000 y 2003 bajo el mandato de José María Aznar, los empleó en digitalizar 30.000 documentos procedentes del despacho y las dependencias personales del dictador Franco y de personalidades del régimen que hicieron donaciones. Aunque custodia documentos del que fuera jefe del Estado por levantamiento militar, es un archivo privado, y la subvención la recibió a cambió del compromiso de dejar una copia de la digitalización al Ministerio de Cultura, como así sucedió.

Sin embargo, el dinero no solo se empleó en este proceso puramente técnico, como mantuvo el gobierno del PP en una respuesta parlamentaria al grupo en En Marea. Cuando el ejecutivo de Rajoy confirmó esas cifras por escrito, en enero de 2017, puntualizó que la subvención fue obtenida en una convocatoria de “libre concurrencia” e  informó de que se empleó, literalmente, “en el desarrollo de proyectos archivísticos“. Lo que no puntualizó es el desglose de gastos, que muestran que también se mejoró la sede de la Fundación Nacional Francisco Franco con ese dinero. eldiario.es ha tenido acceso a todos los documentos y facturas desglosadas justificadas de esos años gracias a una petición de información al Portal de Transparencia.

La información remitida por el subdirector general de Archivos Estatales a este medio (abajo, el resumen de las subvenciones año a año) muestra que, aunque dos tercios de la ayuda se emplearon en la microfilmación, también se compró material para la Fundación y se invirtió en la seguridad de su local.

Al bucear en las facturas de estos cuatro años se puede comprobar que con el dinero que aportaba el Estado (más el 10% de esa ayuda que aportó cada año la propia Fundación) se contrató a un auxiliar administrativo durante tres años y se pagó a una asesoría contable y fiscal durante dos. Según el recibo que aparece en el expediente, este servicio asesor se circunscribió al proyecto de microfilmado: costaba 25.000 pesetas (150 euros) al mes las gestiones por este asunto.

En el apartado de “operaciones de inversión” se pueden ver gastos justificados y abonados por el Estado como un escáner (204 euros), una impresora, tres ordenadores (de unos 1.500 euros), una encuadernadora (444,27 euros), cartuchos de impresora, armarios archivadores de microfilm o un vídeo adquirido en El Corte Inglés por 23.000 pesetas (138 euros). En la misma factura, del año 2001, hay una televisión, que no se subvencionó y fue abonada por la FNFF. De hecho, en su respuesta a eldiario.es, el Ministerio puntualiza que se pidió el reintegro de 834,34 euros de ayudas ese año 2001 porque la cantidad no había sido “adecuadamente justificada” por la Fundación. También se aprecian gastos menores como un flexo halógeno negro comprado en una tienda de la calle Alcalá de Madrid por poco más de 20 euros (3.447 pesetas de la época).

La FNFF justifica en su memoria que estas inversiones se hicieron para los investigadores externos que quisieran consultar los documentos en sus instalaciones. Una explicación en la que tiene dudoso encaje, por ejemplo, la destructora de documentos que compraron y que financió el Estado con 528,10 euros. Las mejoras e inversiones, utilizadas exclusivamente o no por los investigadores externos, han quedado para la sede de la Fundación y para su funcionamiento.

Pero hay más compras. Por ejemplo, en 2001 la Fundación Franco pasa a cuenta de las arcas públicas una Copiadora Xerox 5828 que costó 694.000 pesetas (más de 4.000 euros) o un mueble y silla por 318 euros. Este mobiliario, según explica la Fundación en la memoria a la que ha tenido acceso eldiario.es, se ha empleado en una “sala de investigación” con “tres equipos informáticos para los puestos de consulta y medios que faciliten la labor de los investigadores” que quisieran visitarla. El archivo es de titularidad privada.

Pero, además, la organización que ensalza el legado del dictador adecuó sus instalaciones con un sistema de seguridad y antiincendios con estas mismas subvenciones bajo el gobierno de Aznar: 4.508,24 euros que comprendieron detector de humos, pulsador de alarma o extintores. También invirtieron 2.488,90 euros en un sistema antirrobo en el año 2002. Según se relata en las memorias de la FNFF, se instalaron en la zona del archivo.

En la parte de la filmación, se hizo cargo la empresa Proco y se creó una base de datos de “todos los documentos existentes en el Fondo”, se digitalizó en rollos de 35mm y CD las páginas y también se aportaron a la Fundación Franco los muebles de almacenamiento de este material.

Cuando se entregaron a la administración pública los 230 rollos de microfilm, los expertos del Centro Documental de la Memoria Histórica alertaron de que podría haber secretos oficiales contenidos en ese material por las marcas que apreciaron y, según otra respuesta parlamentaria del Gobierno a Alberto Garzón (Unidos Podemos), el subdirector de Archivos Estatales remitió entonces a la fundación franquista la petición de que los retirara del acceso público por su importancia, aunque sigue custodiándolos pese a ser un archivo privado.

eldiario.es ha preguntado a la Fundación Franco si ha retirado los documentos secretos y si el material ofimático y de seguridad que compró con la subvención está solo circunscrito al uso de investigadores externos. De momento, este medio no ha obtenido respuesta.