Cuando muchas administraciones y por lo tanto el personal y los responsables de sus archivos están retornando a la normalidad tras el paréntesis de las vacaciones estivales, nos sorprende con dolor y alarma el incendio producido en el Archivo Municipal de Los Palacios en la provincia de Sevilla. 

 

 

 

 

 

Dolor y pesar por las pérdidas irreparables de un parte valiosa del patrimonio documental de ese municipio andaluz. Ante esta situación ya hemos trasladado al Presidente de la Asociación de Archiveros de Andalucía nuestro pesar, con él el deseo de que cuanto antes queden esclarecidos lo hechos, depuradas todas las responsabilidades sean éstas de la índole que fueren y, dentro de lo posible, restablecido el daño causado.

 

También es momento de dejar patente la alarma que en los profesionales de los archivos y en las asociaciones que los representan están causando las actuales circunstancias en que se desenvuelven las tareas propias de la disciplina archivística.

 

Tras haber conocido muchos de nosotros los archivos y “anti-archivos” que había en tantos municipios de todo el Estado Español, igual que en la mayor parte de los organismos y las instituciones fueran de titularidad  pública o privada, en el momento de la llegada de la democracia  a las corporaciones locales (inicio de la década de los 80), ahora estamos viviendo un momento de claro retroceso, pues; ¡son tantos los proyectos que se encuentran estacionados en espera de mejores tiempos y circunstancias!, por decirlo de una manera ligera.

 

Si el fuego es o pudiera ser el pretexto para hacer desaparecer documentos administrativos incómodos, y de paso, a la vez, otros de incalculable valor patrimonial, la crisis económica puede estar siendo utilizada como pretexto para desplazar nuevamente  los archivos a los sótanos y covachuelas de donde, según algunos, nunca debieron salir.

 

Por lo que sabemos y nos cuentan continuamente nuestras compañeras y compañeros, archiveras y archiveros de todas partes son hoy innumerables los proyectos de ampliación, de traslado, de mejora de instalaciones, de adquisición de bienes y de equipos, o de incorporación de aplicaciones informáticas y de mejoras de gestión, etc. que se han quedado pospuestas, destinadas a dormir el sueño de los justos o, en el mejor de los casos, a la espera de que vuelvan “mejores tiempos para la lírica”.

 

Si hablamos de crisis  ésta que padecemos no es la primera, ni la única ni será la última. Recientemente, y dentro de la trayectoria profesional de quienes mayoritariamente hoy se dedican a la labor archivística, se padecieron situaciones de crisis en los años 70, en  los 80, en los 90 y ahora mismo. La diferencia básica es que las anteriores, que no fueron pequeñas, se tuvieron como crisis de crecimiento, y esta actual se nos quiere presentar, como ocurrió con la de los años 40, de exterminio y cierre; en definitiva, de fin del sistema.

 

Como muchos creen  estar, como sería su voluntad, en el fin del sistema democrático, no ven necesario preservar la memoria de lo acontecido y salvaguardar los derechos de personas, sociedades y corporaciones. Por lo tanto, para quienes piensan de esta manera, los archivos resultan algo incómodos; es decir, algo por lo que no hay que luchar, que no deben ser defendidos y cuya desaparición no supondría para ellos ningún problema; al contrario.

 

Hoy en muchas administraciones en las que los proyectos de adecuación y mejora de sus archivos  han quedado varados de manera infame, o, simplemente, nunca existieron, los fondos archivísticos  se agolpan en oficinas productoras en pasillos y escaleras de edificios públicos o son llevados a almacenes y galpones  sin ningún tipo de proceso; sin ordenar, ni clasificar, ni describir; sin observar las más mínimas condiciones de custodia, instalación y conservación, ni siquiera de almacenamiento –concepto distinto de los anteriores-. Esto es así para los archivos que algunos llaman convencionales, queriendo indicar que ello que se encuentran en soporte de papel. Archivos que para desgracia de muchos son visibles, tangible y abarcable, con que  ¿qué pensar de los otros archivos, los que no se ven ni se tocan, que en el mejor de los casos se encuentran en la nube, y, por lo común su gestión en poder de empresas especializadas, integradas mayoritariamente por  valiosos técnicos informáticos, y donde los independientes funcionarios y empleados públicos poco tienen que hacer o decir?.

 

Si penosa es la situación de muchos archivos, la de sus profesionales no es más halagüeña. Cuando el personal de los archivos ejercen concienzudamente su función y su labor; reclamando correctas instalaciones, convenientes sistemas de gestión y adecuados medios para el oportuno desarrollo de su actividad profesional con independencia y solvencia, entonces las archiveras y los archiveros se convierten en antipáticos enemigos del sistema establecidos (el que sea), como si fueran adversarios de aquellos de quienes en realidad habrían de ser sí co-responsables ya que nunca cómplices.

 

En todo momento, pero ahora en tiempo de crisis mucho más, las administraciones han de prestar atención al desempeño de su verdadera función y en base a ello priorizar lo que en verdad deba ser acometido por ellas, por sus empleados y con sus recursos. Es intolerable haber visto a lo largo de toda la geografía  de nuestro país también en este año de crisis, fuegos artificiales, corridas de toros y encierros taurinos; desfiles, alharacas  y fastos de todo tipo pagados con el dinero público para concluir en el derroche preolímpico: todo en pro del propio ego de ciertos dirigentes, en tanto que los archivos están siendo desatendidos, las bibliotecas vaciadas de contenido y el patrimonio cultural e histórico-artístico descuidado y víctima de la desidia.

 

Habrá que averiguar cuántos archivos carecen de los más elementales dispositivos de prevención y de seguridad, cuántos kilómetros de documentación yacen en pasillos de edificios públicos a la espera de ser trasladados a los correspondientes archivos y allí procesados convenientemente. Habrá que recordar cuantos escritos de los técnicos de los archivos a sus responsables políticos reclamando personal y medios para paliar la triste situación vivida han pasado directamente al archivo de la papelera , por no preguntarnos cuántos han servido para justificar represalias y expedientes, o ¿por qué no preguntarnos también? Cuántos habrán terminado en la embocadura de la  peligrosa máquina destructora de papel para hacer confeti con el que alegrar las fiestas en honor del santo del pueblo.

 

Para algunos la crisis es un buen pretexto para eliminar el carácter público, primero en la gestión, después en la titularidad, también en lo que se refiere a los archivos.

 

Ante el incendio en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Los Palacios se ha de pedir en primer lugar el rápido esclarecimiento de los hechos, la absoluta depuración de las responsabilidades y el refuerzo, en todo lo necesario, del aparato jurídico en lo que afecta al patrimonio documental; pero también los profesionales se han de plantear con contundencia la denuncia de todos aquellos casos en los que, pese a sus informes técnicos, y saltándose impunemente, a la torera, la legalidad, los administradores y sus acciones u omisiones ponen en peligro la pervivencia del patrimonio documental, bibliográfico e histórico-artístico.

 

 

 

 

 

 

José María Nogales Herrera

Vice-Presidente

ANABAD