Rectificar es un verbo que se conjuga poco en España, pero el Ejército de Tierra ha decidido dar marcha atrás en su decisión de impedir el acceso de estudiosos e investigadores a los documentos históricos que tuvieran el sello de secreto o confidencial, sin importar su antigüedad u origen.

La medida, que se aplicaba desde principio de abril, había provocado indignación entre archiveros e historiadores y afectaba especialmente al Archivo General Militar de Ávila, organismo de referencia para el estudio de la Guerra Civil española.

En una nota difundida esta tarde, el Ejército de Tierra asegura que “desde el Estado Mayor se van a dar instrucciones oportunas al Instituto de Historia y Cultura Militar para subsanar” la situación creada por la orden restrictiva y que, “en consecuencia, los fondos documentales seguirán disponible para su consulta en las mismas condiciones” en que lo estaban hasta el mes pasado. El Ejército de Tierra incluso pide disculpas, al agregar que “lamenta los inconvenientes que esta decisión haya podido causar en el ámbito de la investigación histórica”.

La nota explica que la orden de que todo informe clasificado debía ser apartado del acceso de los investigadores fue una “decisión de carácter técnico” adoptada en 2016 ante la consulta que se hizo con motivo de la incorporación al Archivo General Militar de un fondo que abarcaba documentación anterior y posterior a 1968, fecha de la entrada en vigor de la todavía vigente Ley de Secretos Oficiales y que “dada su complejidad, no hacía fácil individualizar los documentos”.

“Por una interpretación extensiva de la normativa sobre información clasificada, esta decisión [considerar secretos documentos anteriores a 1968] se aplicó al resto de los fondos documentales” que custodia el Ejército, lo que supuso vetar a los investigores el acceso a documentos que llevaban décadas consultando.

Rectificar es de sabios, sobre todo si los beneficiarios de esa rectificación permiten aumentar el saber sobre la historia de España.