El Archivo Histórico de los Movimientos Sociales nace sin dinero extra ni personal específico

Los archivos de organizaciones obreras y estudiantiles antifranquistas, los de los primeros grupos conservacionistas y feministas en España, los documentos de los pioneros en la reivindicación de los derechos de los homosexuales o de los movimientos de objetores de conciencia contra el servicio militar… Todo ello podría tener cabida en el recién nacido Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, creado por el Ministerio de Cultura y que tendrá su sede en Alcalá de Henares (Madrid). Sin embargo, tras las luces de una supuesta medida estrella que quiere poner en marcha en unos meses el ministro Miquel Iceta, asociaciones del sector de los archiveros y documentalistas dudan de que el proyecto cuente con el dinero, medios y personal necesarios. Esta iniciativa la anunció el anterior ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, en febrero de este año. Sin embargo, relevado este en julio, Iceta tomó el testigo y en octubre el Consejo de Ministros aprobó el real decreto, publicado en el BOE del 12 de ese mes, con el que se pone en marcha el archivo.

El secretario general de Cultura y Deporte, Víctor Francos, destaca que “será el primer archivo nacional, en este caso dependiente de la Dirección General de Bellas Artes, que registre los movimientos sociales desde el tardofranquismo, poco antes de la Transición, hasta comienzos de los ochenta, porque es la etapa en que afloran ese tipo de organizaciones”. La ley de patrimonio, de 1985, considera “patrimonio documental” a los documentos con más de 40 años. Los papeles que Cultura espera recibir pertenecerían a “entidades, fundaciones y colectivos que han participado en la transformación social y política de España tal y como la conocemos hoy”, añade Francos, quien por ahora prefiere no dar nombres de las organizaciones que ya se han dirigido al ministerio. El real decreto hace hincapié en recuperar el legado “del movimiento feminista” y de las asociaciones de consumidores.

Henar Alonso, directiva de la Asociación Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), que agrupa a unos 150 miembros, sostiene que la idea no les parece mala, “pero en el real decreto se han dejado aspectos importantes sin regular”. Su asociación, que defiende los archivos públicos como garantes de la transparencia administrativa y de los derechos ciudadanos, reclama “una ley general de archivos que regule todos, los públicos y los privados, para definir cuestiones como su acceso, y no un real decreto”. Y se pregunta: “¿No habría sido mejor incorporar los nuevos documentos al Archivo General de la Administración (AGA) o al Archivo Histórico Nacional (AHN)? Lo acordado nos parece antitécnico, han ido muy deprisa”.