Salta la noticia de cómo ciertas marcas fabricantes de dispositivos electrónicos al parecer infunden en sus sistemas el espíritu de la obsolescencia, merced al cual, llegado un momento, resulta más rentable, que no más económico, proceder al cambio de los elementos, pues, en caso contrario, será preciso estar actualizando permanentemente las aplicaciones en cuestión.
Esa noticia nos llega acompañada de otra, y es que la República Francesa se apresta a tomar medidas de carácter legal para sancionar a estas empresas por el desempeño de tales prácticas que tan claramente resultan lesivas para los intereses de una gran parte de la población; quienes comúnmente han de utilizar tales dispositivos.
Ya nos resulta mucho más difícil de comprender es por qué ha sido sólo el Estado Francés quien reacciona ante un problema de esta índole, y no ha sido ningún organismo de rango internacional, en concreto, y para nuestro ámbito de acción, la Unión Europea.
Esperamos que pronto se produzca una directiva europea a este respecto.
El problema de la repentina obsolescencia de los dispositivos no sólo tiene que ver con los aspectos puramente tecnológicos; al contrario, viene unido a otro que sin duda se produce también; la pérdida de información y de datos volcados en muchos de estos aparatos. Pérdida debida sin duda a la obsolescencia técnica de los aparatos.
En el actual momento del desarrollo de las ciencias de la documentación, en muchos aspectos hardware y software operan de modo casi indisoluble, por lo que hemos de afrontar estas cuestiones de una manera más integral; así lo han de asumir los estados y las instituciones internacionales.
Del asunto de la obsolescencia ya se venía hablando desde hace tiempo, pero la poníamos en relación con la vida media de los electrodomésticos.
No se trata ahora de cuántos lavados completos podremos hacer en la lavadora de un hogar, ni siquiera de la posibilidad de perder unas fotografías de la galería de nuestro aparato de teléfono multifunción. Está claro que hoy dependemos en todo y para todo en nuestras vidas de la gestión electrónica, y que para ello hemos de contar con un dispositivo electrónico, el que sea, a nuestra disposición. Esto lo sabemos nosotros y lo saben las empresas suministradoras, que nos han hecho en cierto modo rehenes de sus intereses. Quienes parece que no se enteran bien del todo de esta situación son los estados (salvo en este caso el francés); no quieren enterarse de que tienen la obligación de jugar para con nosotros un papel activo de defensa de nuestros derechos digitales.
El derecho a la pervivencia de nuestra información y documentación digital, y el derecho a la no obsolescencia de nuestros dispositivos electrónicos.
José María Nogales Herrera
Presidente
Federación ANABAD
España