Estimados amigos y amigas:
Como os anunciamos recientemente, os adjuntamos el comunicado que la Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX” a lo largo de hoy, martes día 15 de julio, va a hacer público en repulsa por la privatización del Registro Civil.
Dada la gravedad de la situación y la necesidad de articular una respuesta lo más amplia posible, os solicitamos su difusión por los medios que estén a vuestro alcance.
Sin más por el momento, y agradeciéndoos de antemano vuestra ayuda, un saludo.
(Coordinador de Programas-CCMHSXX)
Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX
COMUNICADO:
LA CÁTEDRA COMPLUTENSE “MEMORIA HISTÓRICA DEL SIGLO XX” RECHAZA LA PRIVATIZACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL Y ALERTA DE LOS RIESGOS QUE CONLLEVARÁ PARA LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
La CCMHSXX manifiesta su enérgico rechazo a la privatización del Registro Civil, cuya
gestión se sustraerá a los juzgados y funcionarios judiciales para pasar a manos de los
registradores de la propiedad mercantil. Lo anterior, según el Decreto 8/2014, de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE 5.7.2014).
El Ministro de Justicia del Reino de España, Alberto Ruiz Gallardón, siguiendo las pautas de su
partido, mantiene así su pertinaz política de privatizaciones, aún a riesgo de poner en peligro la
normalidad y la viabilidad de los servicios públicos más básicos. Desde la alcaldía de Madrid ya
lo hizo con la gestión del Padrón y del Registro Municipal, entre otras muchas actuaciones en la
misma dirección, con tal “eficiencia” privatizadora que dejó casi todos los asuntos locales en
manos de empresas amigas.
Ahora plantea reformas de calado en los registros: inventariar y describir los libros antiguos,
para lo que se ha contratado al Corte Inglés, y crear un gran fichero informatizado, único para
toda España, donde se harán los apuntes en lo sucesivo. Se espera que los registradores –futuros
encargados de su gestión– contribuyan a financiar el programa informático ad hoc. Pero, al no
poder cobrar sus servicios al público, se entenderá que manifiesten su “absoluta
disconformidad” con los planes ministeriales. Tampoco están de acuerdo los sindicatos ni los
trabajadores afectados, en especial los contratados temporalmente. En la actualidad, son más de
5.000 trabajadores trabajando en 440 juzgados, que serán sustituidos por unos cien registradores
en solo sesenta oficinas. El Ministerio de Justicia asegura que la informatización del sistema
compensará de sobra tan tremendo desequilibrio.
Más allá de los problemas técnicos y laborales que pueda generar el mencionado proyecto, este
suscita múltiples preocupaciones por la masiva trasferencia de datos personales desde público al
mercantil. La búsqueda de rentabilidad económica del “derecho a la información” será su
consecuencia más directa. La gravedad de tal medida es clara: la venta de la información más
básica de la vida personal y familiar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esta decisión
política, junto con la aprobación de la conocida como cuestionada “Ley de Transparencia” (Ley
19/2013) y vaciamiento total de la “Ley de Memoria Histórica” (Ley 52/2007) en la presente
legislatura, evidencian la ausencia de cualquier tipo de sensibilidad democrática por parte del
actual Ejecutivo.
Nos preocupa también un aspecto relevante como investigadores: la posibilidad de un todavía
mayor retroceso en el acceso a los registros de defunciones, en tanto constituye un medio básico
para conocer la represión durante la Guerra civil y la dictadura franquista (a sabiendas de que
faltan muchas, quizá la mayoría de las defunciones, por registrar). Hace años que el movimiento
social por la memoria democrática reivindica que el Estado, a través de una Comisión de la
Verdad o una iniciativa similar, ponga los medios necesarios para que, al menos, consten como
difuntos toda esa legión de víctimas de la vesania franquista que no aparecen en los libros de
defunciones o lo hacen como “cadáveres desconocidos”. Es evidente que este tipo de minucias
propias de historiadores, victimas o familiares de víctimas estarán muy alejadas de las
preocupaciones de los registradores, pues ni siquiera ha merecido la atención de las autoridades
competentes hasta ahora. Y si el acceso a los libros de defunciones ya contaba con suficientes
trabas (ver la instrucción de la D. G. De Registros y Notariado de 4/11/2008), no parece que la
gestión privada de los registros vaya a mejorar las cosas, ni mucho menos.
Madrid, julio de 2014