El Gobierno entiende que la unión de ambos calificativos describe adecuadamente el conjunto de bienes cuya protección, conservación y acrecentamiento constituyen su objeto, indica en un comunicado.

La propuesta tiene como objetivo modificar la ley para actualizar el régimen jurídico de protección del patrimonio histórico y cultural de Canarias como una tarea que incumbe, tanto a los poderes públicos como a la ciudadanía en general.

Dicho patrimonio histórico y cultural estará integrado por los bienes materiales e inmateriales que posean valor arqueológico, arquitectónico, artístico, bibliográfico, científico, documental, etnográfico, histórico, industrial y técnico, tanto heredados del pasado como creados en el presente.

En cuanto al régimen de los museos de Canarias se produce su adaptación a la Directiva de Servicios en el mercado interior de 2006 y se sustituye el régimen de autorizaciones vigente para crear los museos por un sistema de declaraciones responsables de las instituciones y entidades fundadoras de los mismos.

Se mantiene la distinción en razón de su diferente regulación, los de titularidad pública y privada y la figura mixta del museo concertado, respetando su configuración y ámbito, insular o inferior, su carácter, general o temático, y la materia objeto del museo.

De entre las novedades, las más relevantes afectan al Título II de la actual Ley, bajo la rúbrica “De la protección del Patrimonio histórico y cultural de Canarias”, que refleja una nueva sistematización y simplificación de los instrumentos de protección del patrimonio histórico y cultural de las islas.

Así, el sistema instrumental se basa en tres pilares: el Registro de Bienes de Interés Cultural, los Catálogos insulares de Bienes Históricos y Culturales y el Catálogo municipal de protección.

El Registro de Bienes de Interés Cultural incluye a los bienes que han sido declarados de interés cultural por presentar notorios valores patrimoniales en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias, en algunas de las categorías que en la propia ley se determinan.

Como novedad se introduce la categoría de “Paisaje Cultural”, aplicable a los bienes inmuebles y que se define como “Lugar el que confluyen valores patrimoniales de carácter diverso, representativos de la evolución cultural y, en su caso, con valores paisajísticos y ambientales.

Junto al Registro de Bienes de Interés Cultural, se crean los Catálogos Insulares de Bienes Históricos y Culturales como instrumento nuevo de protección de aquellos bienes muebles, inmuebles e inmateriales que, careciendo de los notorios valores que justifican la declaración de un bien como de interés cultural, poseen, en cambio, valores culturales de interés insular, sujetando determinadas intervenciones que se proyecten en los bienes incluidos en ella, al control previo del Cabildo correspondiente, a quien se le atribuye la competencia para su creación y actualización.

Respecto de los bienes arqueológicos, se mantiene el régimen de intervención administrativa vigente hasta la fecha de sometimiento a autorización cualquier actuación en estos bienes de dominio público, lo que justifica, igualmente, el mantenimiento del régimen de silencio negativo para los procedimientos relacionados con las intervenciones arqueológicas “por razón imperiosa de interés general”, dada su condición de bienes de dominio público.

Como figuras nuevas de protección del patrimonio cultural se añaden nuevos preceptos para regular el patrimonio industrial y el bibliográfico y documental, que no venían contemplados en la Ley de 1999 y que resultan hoy merecedores de su protección.

De esta manera se pretende conservar los vestigios industriales existentes en Canarias de los siglos XIX y XX y todo el patrimonio documental existente en cualquier soporte en bibliotecas y en los servicios públicos de lectura, relacionado con ediciones o publicaciones de libros raros, así como las películas y demás obras audiovisuales realizadas en Canarias o relacionadas históricamente con el archipiélago que se custodien en la Filmoteca Canaria.