PROTESTAS SOCIALES, ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS

En cuanto a los archivos públicos, los cuales conservan evidencia de las actuaciones de la administración y en general de sus autoridades y funcionarios, además de ser en el largo plazo la memoria histórica del Estado, una de cuyas principales funciones es garantizar los derechos de la ciudadanía. Por eso resulta paradójico que sean los mismos ciudadanos los que, sin adquirir conciencia real de sus actos, deciden tomarse a la fuerza oficinas públicas, vandalizarlas y producir incendios que inevitablemente terminan destruyendo documentos por acción del fuego. No se puede desconocer que aprovechando el desorden público, actores al margen de la ley, interesados en producir un daño irreversible en los archivos que guardan documentos que sirven como prueban frente a sus delitos, promueven e incitan los incendio.

Los recientes acontecimientos que han sucedido en América Latina desde el 2019, en los cuales grupos de manifestantes, muchos de ellos descontentos con sus autoridades, han generado afectaciones a las instalaciones de entidades del Estado, que también produjeron la destrucción parcial o total de sus archivos; uno de los países más afectados con el recrudecimiento de las protestas, la mayoría pacíficas y legítimas, ha sido Colombia, país que soporta un prologando desde el 28 de abril, en cuyo desarrollo se han producido de manera premedita incendios en edificios de entidades, principalmente en Alcaldías y Gobernaciones, así como organismos de la rama judicial, ocasionando la pérdida de valiosa información que tal vez no pueda ser recuperada.

Esta lamentable situación llevó a que las autoridades archivísticas colombianas, produjeran sendos comunicados e instrucciones, ordenando a las autoridades regionales e institucionales para que activarán protocolos y acciones dirigidas a proteger los archivos, frente a la alteración del orden público; de manera similar la Asociación Latinoamericana de Archivos, aprobó un manifiesto en el cual rechazaba la destrucción de documentos públicos, y recomendaba a las autoridades archivísticas nacionales así como a los gobiernos de la región adelantar medidas preventivas, frente a futuras y masivas protestas en los países de la región, que eviten la destrucción de archivos, o mitiguen el riesgo latente cuando las protestas derivan en alteraciones del orden público.

Los acontecimientos mencionados nos dejan varias enseñanzas, que es preciso comprender y analizar desde la comunidad archivística, con el fin de tomar acción para evitar que se sigan afectando los archivos en desarrollo de la protesta pacífica, cuyo derecho siempre debe ser garantizado:

• La primera enseñanza es que en el imaginario ciudadano persiste la idea de que los archivos están más relacionados con el gobierno que con sus propios derechos; en este sentido es evidente que los archivistas estamos obligados a trabajar en una pedagogía que cambie dicho imaginario, para lo cual es necesario adelantar procesos de alfabetización sobre el valor de los archivos como garantías de derechos.
• La segunda lección es la relacionada con la debilidad en la implementación de las políticas públicas en materia archivística; resulta significativo que siendo Colombia uno de los países de la región con una de las mejores arquitecturas normativas, que incluyen directrices muy claras en cuanto a las condiciones de los edificios y sedes de sus archivos, la digitalización de expedientes y la implementación de un sistema integrado de conservación, no haya podido anticipar acontecimientos como los ocurridos, lo cual en buena medida es responsabilidad de las propias autoridades.
• La tercera enseñanza es que, frente a la intención de destruir archivos por parte de actores ilegales, pareciera no existir suficiente protección, por lo que resulta urgente reforzar las medidas de protección de aquellos archivos con información sensible por su impacto frente a los derechos de los ciudadanos, como es el caso de los archivos judiciales, registrales y notariales.
• Una cuarta lección es la relacionada con la necesidad de implementar una veeduría archivística al interior de nuestros países, la cual debería ser liderada por las asociaciones nacionales, regionales y sectoriales de archivistas, quienes deben verse así mismas como representantes de la sociedad civil, exigiendo que las autoridades archivísticas y los gobiernos desarrollen acciones para mejorar las condiciones de sus archivos.

Finalmente, haciendo eco de los acertados pronunciamientos del Archivo General de la Nación de Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Sociedad Colombiana de Archivistas, y de la Asociación Latinoamericana de Archivos, sería prudente que frente a crisis sociales que puede enfrentar a futuro la humanidad, como ya las ha vivido en el pasado, desde organismos como Unesco, el Consejo Internacional de Archivos y la Oficina Derechos Humanos de la ONU, se promuevan cambios en la Convención para la Protección de los Bienes Culturales, incorporando medidas que mitiguen el riesgo de afectación a archivos, bibliotecas, museos y monumentos, como resultado de protestas legitimas, que puedan derivar, por diversas razones, en actos vandálicos o serias afectaciones del orden público.

Carlos Alberto Zapata
Coordinador GERIBEAU – Colombia
Expresidente Sociedad Colombiana de Archivistas

La transformación digital se acelera al llegar el año 2020 para salvar distancias y no paralizar actividades con ocasión de la pandemia y el dato y su gestión se convierten en protagonistas hasta dar nombre al espacio de tiempo en el que vivimos: era del dato.

Repensar y modificar actitudes y actuaciones es obligado pero quedándonos con lo que sigue sirviendo, que es mucho, y añadiéndole lo nuevo, aunque no todo por nuevo es aprovechable. La transformación es buena, la deformación, no.

Hoy,  la inmediatez, que favorece la utilidad del dato, se ha impuesto pero tengamos en cuenta que la inmediatez y la novedad no siempre acarrean seguridad, ni fortaleza.

Estas circunstancias no han de llevarnos a incompatibilidades, ni a renuncias. La gestión de documentos de archivo, analógicos y, hoy, sobre todo, electrónicos, ha de convivir con la gestión de datos que habrá de apoyarse, en el ámbito de la Administración pública, en los procesos e instrumentos archivísticos, distinguiendo siempre lo que significa un documento de archivo, lo que es un dato y la relación entre ellos  y con la información.

Como archiveros, distinguiendo entre documentos, datos e información, hemos de conseguir un equilibrio en la programación de nuestro trabajo. Nuestra prioridad sigue siendo la gestión de documentos  que hemos de complementar con la gestión del dato.

Antonia Heredia Herrera
Archivera, miembro honoraria de la ALA
Sevilla, 14 de abril de 2021

#EmpoderarLosArchivos Transparencia y rendición de cuentas

#EmpoderarLosArchivos Transparencia, colaboración e inclusión

¿Cómo nos ven? Archivos y archivistas en los medios de comunicación.

La Asociación Latinoamericana de Archivos extiende la más cordial bienvenida como socios en la categoría D a:

• Alexander Barquero, director del Archivo Nacional de Costa Rica, renunció a dicho cargo por motivos personales, por lo que a partir del 18 de junio dejará la vicepresidencia de la ALA, como lo señalan los estatutos de la Asociación, desde la ALA agradecemos a Barquero por su compromiso y apoyo para la ALA durante su gestión y le deseamos éxito en sus nuevos proyectos.