Es verdad que el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca tuvo un origen muy peculiar y extraordinario. Se creó, en 1937, con la clara finalidad de proporcionar pruebas documentales a las autoridades militares rebeldes para perseguir y castigar a los republicanos. Comisiones de recuperación de documentos actuaban en las zonas conquistadas por el ejército franquista y trasladaron a Salamanca miles de documentos, carteles, revistas, periódicos, folletos y libros.

El archivo fue dividido en dos grandes secciones: la Especial o Masonería y la Político-Social. Desde que se abrió a los investigadores, a finales de los años setenta, porque durante la Dictadura el acceso estuvo restringido, ha sido un lugar de paso obligado para los investigadores de la Guerra Civil y, en general, para todos los interesados en la historia social de las primeras décadas del siglo XX.

Con esos antecedentes, un archivo creado para la represión y por medio de la violencia armada y del expolio, no es extraño que, con la democracia ya consolidada, se generara un litigio sobre la propiedad de algunos de sus documentos. Como el Tribunal Constitucional avala ahora la restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados, se cerrará probablemente una parte de ese litigio, pero se abrirán otros frentes, con propietarios, ayuntamientos y otras comunidades autónomas reclamando lo mismo.

Aunque los historiadores sabemos lo importante que es recopilar y preservar los documentos y testimonios del pasado, los archivos no han formado parte del debate sobre la bien o mal llamada memoria histórica. Y persisten algunos vicios en la gestión pública de los documentos. Todavía se le da más importancia a la propiedad que al valor de uso, de forma que algunas instituciones y personas consideran los documentos suyos, y bastantes archivos y hemerotecas, como bien saben y denuncian los profesionales que trabajan en ellos, poseen recursos y medios muy insuficientes.

Hemos desaprovechado la oportunidad, en más de tres décadas de democracia, de crear un archivo de la historia y de la memoria de la guerra civil y de la dictadura, como existen en otros países con pasados recientes de violencia política. Un archivo que pudiera reunir los documentos dispersos por todo el mundo, desde Standford, en California, a Moscú, pasando por Roma o Ámsterdam, y que incorporara como propiedad pública los fondos originales de la Fundación Nacional Francisco Franco, gestionados por la ultraderecha y la familia del dictador. Esa importante labor, con un buen equipo de investigadores y archiveros, sería relativamente fácil en la actual era digital. Las generaciones futuras conocerán la historia por el material documental que seamos capaces de preservar y legarles. Las disputas políticas son otra cosa.

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Julián Casanova