Que algo tenga repercusión en la prensa, en muchas ocasiones es síntoma de reconocimiento público y gran repercusión mediática, pero en el caso de los archivos, aparecer en los papeles es, sin más, anuncio de grandes problemas.
En estos días se habla de un municipio de la provincia de Madrid, San Fernando de Henares, cuya Alcaldesa (Podemos) está incursa en un proceso judicial promovido por otro grupo político municipal (PSOE) por el hecho de facilitar o permitir que un particular ajeno a las estructuras funcionarial y política de ese Ayuntamiento tenga acceso a una documentación custodiada en el llamado por ellos “Archivo de Alcaldía”. La única credencial que acompaña a dicha persona es pertenecer al mismo partido político que la Sra. Alcaldesa y ostentar la condición de voluntario, dispuesto a resolver un tremendo caso de posible delito urbanístico ocurrido en el anterior mandato municipal (gestionado por IU) que, a parte de todo, podrá costar al Consistorio, en indemnizaciones, más del doble de su presupuesto ordinario anual, que este año asciende a 45.000.000 de €.
En San Fernando de Henares, al parecer, algunos desconocen que el Archivo de cada administración es uno y único, indistintamente del soporte en que la documentación se hubiere generado o conservado, al margen de cual sea la edad de los documentos y a parte de cualquier otra consideración.
La documentación, sólo a efectos prácticos, puede ser custodiada en un archivo de oficina, naturalmente, la que aún tiene vigencia administrativa, pero la persona responsable del Servicio de Archivo de cada administración ha de ser quien, desde su reconocida solvencia profesional, controle y coordine las acciones que se realicen en este “Archivo de Oficina”.
La ley permite y facilita que cualquier persona tenga acceso a la documentación pública y a la información en ella contenida (con las excepciones legales pertinentes); posiblemente ese ciudadano voluntario también tenga derecho a acceder a dicha documentación, pero ese Archivo ha de ser gestionado por profesionales que serán quienes le faciliten al ciudadano voluntario la documentación en cuestión por él requerida.
Los responsables políticos no pueden hacer un sayo con su capa y entregarle la llave de los archivos a cualquiera, por mucha buena voluntad que tenga el voluntario; y, al contrario, sí han de preocuparse de proveer a los servicios de Archivo de los pertinentes medios personales, materiales, tecnológicos y organizativos.
Si estos medios se facilitan y no se manipula de ninguna manera indebida, no volveremos a escuchar la otra noticia archivística del momento: En el Ministerio de Defensa ha desaparecido documentación , en concreto parte de aquella referida al trágico accidente aéreo que costó la vida a los militares españoles que regresaban de su intervención en Cosovo; un hecho triste y luctuoso cuya renovada actualidad pone de manifiesto la precaria situación de los archivos de muchas administraciones.
En estos días, dos noticias sobre hechos de alta gravedad relacionadas con la gestión de los documentos administrativos, con el mundo de los archivos.
José María Nogales Herrera
Presidente
Federación ANABAD