En los últimos tiempos las hemerotecas están claramente de moda (dicho esto en el sentido matemático del término). Lo están por la frecuencia en que se acude a los archivos sonoros de las cadenas radiofónicas, a las videotecas de las emisoras de tv y a las hemerotecas, propiamente dichas, donde diarios y revistas dan fe y testimonio del pasado más reciente; de las acciones y declaraciones producidas por los actores de la más rabiosa actualidad.
De las bibliotecas qué decir; en ellas se conservan las colecciones bibliográficas que testimonian lo mejor y más granado de la creación intelectual, bien se trate de la más inusitada ficción, bien lo sea de la más absoluta y palmaria realidad, aunque, muchas veces no sepamos cual de las dos sea más atrevida y cual resulte más inverosímil.
Cuando esas realidades se plasman en objetos, los museos adquieren su verdadera importancia. En esos casos, son los objetos (obras de arte o no)quienes nos ayudan a comprender la realidad.
De los archivos, ¡qué decir¡. Los innumerables casos judiciales en que continuamente se ven inmersos ciertos estamentos de la administración pública (muchos casos, excesivos casos, ya en una cantidad inaguantable de casos), ponen de relieve la importancia de los archivos en la persecución de los delitos, gracias a la adecuada presentación de pruebas documentales para la oportuna resolución de las causas.
Hoy conocemos una noticia que, siendo en un principio buena, muy buena, resulta ser igualmente preocupante, muy preocupante.
Pues se trata de que la empresa de derecho público que gestiona el suministro de agua a la capital del reino de España; Madrid, por extensión a casi toda su provincia y región, y por aquello del expansionismo empresarial, a buen número de poblaciones de España y regiones enteras de Latinoamérica, esta empresa; digo, el Canal de Isabel II se encuentra envuelta, ella y buena parte de sus anteriores dirigentes, quizá alguno de los actuales, en una enorme trama de corrupción política, social, empresarial y económica, cuya realidad y transcendencia no es el caso de analizar aquí, aunque cualquier lugar es bueno para dolerse de todo lo que las administraciones públicas hubieran podido hacer de manera positiva si no se hubiera robado todo el dinero que al parecer quienes tenían la obligación de gobernar y de cuidar de lo público han cargad a sus coletos.
Por “llevar el ascua a nuestras sardinas”, cuántas bibliotecas, museos y archivos, cuántos centros de documentación y de memoria colectiva, se podrían haber puesto en funcionamiento, cuánto patrimonio cultural se podría haber conservado si en lugar de que no, se hubiera dispuesto de todo el dinero desaparecido por el latrocinio de algunos.
La noticia, buena en sí misma, pero pésima si consideramos lo que viene a significar, es que este órgano, el Canal de Isabel II ha decidido blindar sus archivos documentales.
Ya la expresión en sí misma, nos resulta algo llamativa. Los profesionales hablamos simplemente de archivos, pero bueno, dejemos la cuestión semántica aparte, para no perdernos en unas disquisiciones estériles.
Blindar los archivos significa protegerlos de cualquier ataque o intervención externa que pudiera suponer la destrucción de su contenido; sea cual sea su soporte, de carácter electrónico o en papel. Protegerlos de cualquier acción externa que pudiera poner en peligro la integridad material del propio archivo. Cuando un archivo en soporte convencional corre peligro de ser destruido, hay que poner cautelas para que esto no ocurra, también en los archivos de índole electrónico, para que no sean destruidos ni manipulados. Es esta una iniciativa que sin duda se debe aplaudir, pero lo hacemos con la adecuada carga crítica, y en ese sentido nos preguntamos ¿Quién se encargará directamente de esta salvaguarda?, ¿dispone la institución de personal archivero que asuma esta función, y que lo haga con la requerida independencia y solvencia profesional?. O ¿se va a poner, como nos contaban los clásicos romanos, a la zorra a guardar y cuidar del gallinero?; claro , ya sé que eso era una fábula, y, por lo tanto, algo exagerado. Esperemos que sí, que así ocurra en esta ocasión, que ahora se haga bien en todos los sentidos. Temores, los tenemos todos, sobre todo cuando hemos visto que se han destruido ordenadores personales de la manera más impune. Y, por razón de la impunidad, aquí no ha pasado nada.
A parte de lo contemplado en la legislación vigente, tanto la de carácter archivística, como la procesal, debería haber un protocolo a aplicar en casos como estos. Pero cómo pedir al estamento judicial que procure un protocolo archivístico, cuando los propios archivos judiciales carecen en la mayoría de los casos del personal profesional conveniente y de los adecuados medios para la gestión de los archivos.
Se requiere que estos archivos estén blindados por fuera y por dentro, y, en estos casos, que las acciones a emprender estén suficientemente tutelados por las autoridades judiciales.
No olvidemos que el agua, aunque sea de tan buena calidad como lo es la del canalillo, puede llegar a ser un temible agente destructor de la documentación.
José-M. Nogales Herrera
Presidente
Federación ANABAD España