El Tribunal Superior de Justicia ha dado al traste con lo establecido por el gobierno de España con respecto al pago del canon digital.
En resumidas cuentas la judicatura considera que no es de ley que todos paguen lo que consumen unos pocos; es decir no parece adecuado que con cargo a los presupuestos generales del Estado se abone el canon que los mortales nos vemos obligados a pagar a las entidades de gestión de los derechos de autor por la adquisición de dispositivos que permiten acceder a documentos o productos propios de la industria cultural y que de manera inapropiada, en casos, reciben el título de derechos de propiedad intelectual.
Nada de intelectual tiene descargarse de internet un video-juego bélico, una colección de fotografías pornográficas o un vídeo de cómo montar un armario ropero; incluso muchos registros de la propia y omnipresente wikipedia es discutible que merezcan el apellido de intelectual.
Creemos que el nuevo ordenamiento jurídico deberá ir más lejos. No quiero entrar en excesivas casuísticas, pero hay muchas cuestiones que deberán ser repensadas; no toda persona que adquiere un teléfono móvil está abonado a las redes o accede a través de él internet, no toda empresa o institución que adquiera una fotocopiadora lo hace para fotocopiar textos ajenos, por lo tanto no se podrá establecer un canon universal que obligue a todos sin discernir los casos concretos.
Si el gobierno quiso descargar a las empresas del pago del canon, carece de sentido que asuma esa misma carga para sí mismo. Si las entidades de gestión quieren vivir de la percepción de este tipo de cánones, ingresos “genéricos” que se distribuyen entre sus asociados de manera muy “suis generis” tendrán que ser ellas quienes realicen la recaudación, y asuman los gastos y trastornos que ello conlleva, junto con los pìngues beneficios.
El inexistente ministerio de Cultura tienen a través del de Educción varios importantes retos; entre estos, la revisión del canon digital y lo mismo para el canon por préstamo biliotecario. Esto último ocurrirá como consecuencia de las m odificaciones que se esperan en este aspecto en el seno de la Unión Europea.
José-María Nogales Herrera
Presidente
Federación ANABAD