Algo tan cotidiano en casi todos los ámbitos, incluso en algunos tan delicados como la banca o Hacienda, como comunicarse por medios digitales a través de Internet está siendo realmente traumático para la justicia. Al principio, cuando entró en vigor, los juzgados madrileños simplemente no estaban preparados, no tenían los mínimos técnicos ni la formación para manejar las nuevas herramientas con las que debían recibir y enviar todos los escritos oficiales.

Hoy, 84 días después, con un plan de choque que ha salido al paso de los problemas más acuciantes, jueces, abogados, procuradores y funcionarios hacen balance: están de acuerdo en que la transición digital es una necesidad ineludible, pero también lo están en su mayoría en que si se hubiera hecho el cambio, decretado por el Ministerio de Justicia, con más tiento, gradualmente, con más pruebas y más medios, se habrían ahorrado muchos ahogos y unos retrasos en las tramitaciones de la justicia madrileña cuyas consecuencias aún están por cuantificar. “Probablemente se habría ahorrado la insatisfacción inicial de todo el mundo”, opina Carmen Pérez Andújar, secretaria y diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid.

El ministro Rafael Catalá. CARLOS ROSILLO

 

“El cambio es inapelable”, y acabará haciendo el trabajo más fácil, pero por ahora, el sistema “ni ahorra papel ni da más rapidez”, resume el juez decano de Madrid, Antonio Viejo, que habla, por ejemplo, de una misma demanda repartida a cuatro juzgados distintos por fallos de la aplicación informática. “Es verdad que se han mejorado muchas cosas, pero de momento, lo único cierto es que los escritos que antes entregaban los abogados en papel, ahora llegan por el buzón y es el juzgado el que lo imprime y lo pagamos todos”, aporta Juan José Carral, responsable de justicia en Madrid del sindicato CSIF. “Hemos pasado de papel cero a papel cien”, añade el decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, Vicente Sánchez Rodríguez.

Después de una década de buenos propósitos, el Ministerio de Justicia decidió cortar por lo sano y obligar a que todas las comunicaciones en la justicia fueran digitales a partir del 1 de enero de 2016, como paso previo a la puesta en marcha del expediente judicial electrónico el próximo mes de julio. Desde entonces, los problemas y las consiguientes quejas se han amontonado en casi todos los rincones del país.

Aspecto de una oficina de registro y reparto de la capital.

 

El Consejo Fiscal, el órgano que representa a los 2.500 fiscales de España, incluso exigió que se paralizase la puesta en marcha del sistema. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, admite que el programa informático, llamado Lexnet, da unos problemas que en algunos casos han llegado a colapsar las notificaciones que deben enviar los juzgados, pero ha descartado esta y todas las peticiones de paralización. El fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, asegura por su parte que, hechas las pruebas necesarias, están en disposición de ir poniendo en marcha “poco a poco”, por jurisdicciones, el sistema.  

Desde el primer día

En Madrid, donde el año pasado se concentraron casi el 15% de los asuntos judiciales de toda España, la falta de medios y de preparación se hizo evidente desde el primer día: los sistemas informáticos del Ministerio y de la Comunidad ni siquiera eran compatibles, los funcionarios no tenían las tarjetas necesarias para acceder al programa del ministerio, los equipos eran muy antiguos… Había una serie de carencias tan graves que se decidió mantener una doble vía provisional: los escritos se entregarían en los juzgados por vía digital, pero también en papel.

El viceconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, admite que el primer momento quizá les pilló un poco a traspiés, pero asegura que desde entonces han puesto en marcha un plan de choque, de formación y equipamiento, sobre todo, y de manera fundamental, de reparto de tarjetas: las tienen más del 80% de los funcionarios. Por eso, insiste, en la última reunión del pasado 7 de marzo de la comisión de seguimiento (donde están jueces, fiscales, abogados, etcétera), se apreciaron progresos “esperanzadores”.

“Teniendo en cuenta lo mejorado el último mes, estamos en condiciones de avanzar rápidamente”, admite el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira. Pero eso no rebaja el tono de sus críticas a un proceso en el que muchísimos juzgados siguen sin utilizar la vía digital para mandar sus comunicaciones y que aún presenta deficiencias “graves”. Por ejemplo, si un escrito llega por error a un juzgado, resulta imposible devolverlo; el trabajo se eterniza porque los errores solo se advierten al final de un largo proceso de rellenado de datos; la capacidad de la herramienta del ministerio (llamada Lexnet) es de 10 megas, insuficiente para muchos envíos complejos… Todos esos problemas y otros generan retrasos que van desde los 12 días en reparto de asuntos en los juzgados de lo penal de Madrid y 18 días en los de primera instancia, según el balance que hace el TSJM.

Medios obsoletos

Una reciente imagen de un juzgado de la periferia.

 

Vieira no cuestiona la necesidad de este cambio; e incluso puede llegar a comprender los motivos de hacerlo de manera tan abrupta —“Una forma de vencer la resistencia es poner a la gente de cara con los problemas”—, pero no comparte la forma en que se ha hecho, sin las suficientes pruebas, la suficiente formación ni los suficientes medios.

Los equipos se están modernizando, y se están incorporando dobles pantallas en los servicios centrales de los decanatos (algo fundamental para repartir desde allí el trabajo que llega entre los juzgados), los programas de gestión del ministerio y el madrileño empiezan a entenderse (aunque a veces con demasiada lentitud), pero la Consejería admite que las mejoras y renovaciones se harán de forma gradual. Incluida la más urgente y sorprendente de todas: la retirada de un programa de gestión llamado Libra, completamente obsoleto pero que usan, todavía, en torno al 40% de los juzgados madrileños. La mayoría de ellos no comunican por vía electrónica porque se eternizarían.

Ahora, según el balance que hace el TSJM, el modelo transitorio de la doble vía adoptado para facilitar la transición se ha convertido también en un problema, pues genera “inseguridad”. Como requiere el cotejo uno a uno de los escritos presentados, además de ralentizar el trabajo diario, ha dado, “en algunos casos, lugar a nulidades, duplicidades, incrementando el gasto de papel al órgano judicial y por tanto a la Administración”.

Calendarios de 2017

Dos funcionarias de un juzgado de lo civil de la periferia sur de Madrid, que prefieren no dar su nombre, explican que cada mañana tienen que rastrear en una aplicación informática y entre las carpetas de papeles los asuntos pendientes cuya información deberán luego introducir a mano en el carpetovetónico programa Libra. “Nosotros, que hemos estado señalando [juicios] con 20 días, ahora estamos buscando agendas del 2017 para señalar”, asegura una de ellas. Juan José Carral, de CSIF, protesta por el “desastre” de estos primeros meses, pero sobre todo porque no “se haya contado con los funcionarios para evaluar su puesta en marcha” en las comisiones mixtas con la Consejería madrileña. 

Algunos órganos judiciales de la Comunidad están dejando ya de recibir escritos en papel, por ejemplo, en la Audiencia Provincial o en los juzgados de Getafe, pero las excepciones son muchas: si se acredita un fallo de Lexnet, si pesan mucho los documentos… Además, otros no se atreven: el Juzgado Decano de Valdemoro se apresuró el pasado día 15 a mandar una nota recordando que allí mantienen la doble vía a pesar de que dos de los juzgados de la zona habían anunciado que iban a dejar de recibir en papel.

También en los juzgados de la capital está vigente, y lo seguirá, al menos, lo queda de marzo esa doble vía. Antonio Viejo, su decano, admite que le gustaría que en abril todo fuera ya telemático, pero dice que la decisión aún no está tomada. “En los juzgados de lo contencioso y lo social ya más o menos hemos podido digerir el cambio”, dice. Como Vieira, Viejo admite que la llegada de la justicia digital es algo que no tiene vuelta de hoja, pero también echa de menos una llegada más gradual, con más test y más medios.

Notificaciones de madrugada

Los Abogados, por su parte, han abrazado el sistema, se han puesto las pilas (con cursos, compra de equipos…) y creen que a la larga será bueno para todos, pero también tienen sus quejas. Para empezar, como todos los demás, protestan por la lentitud y la falta de capacidad del sistema para enviar grandes archivos, pero también porque los errores solo se señalan al final o porque han tardado mucho en reconocer la posibilidad de un sustituto si falla un letrado en un proceso o los paralegales (los ayudantes no abogados), explica Carmen Pérez Andújar, del Colegio de Abogados de Madrid. “No puede ser que seamos nosotros los que tengamos que asumir los fallos de la Administración”, señala.

Pero probablemente el colectivo más especialmente afectado es el de procuradores, que son los que presentan la mayor parte de la documentación en los pleitos. De hecho, un ejemplo de ello es que proliferan las anécdotas de documentación enviada de madrugada o los días festivos para asegurarse de que los servidores no estarán colapsados. No obstante, el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel María de Diego, defensor del sistema – “Si se puede decir que es un invento nuestro”-, prefiere hablar “desajustes” lógicos de cualquier sistema que se pone en marcha, en lugar de problemas. Sin embrago, advierte: “Sin los medios necesarios, podríamos estar en este desajuste de forma permanente”.  

Y ahora, en todo caso, toca mirar hacia delante, hacia el expediente judicial electrónico. Para algunos actores de la justicia, ese será el verdadero cambio y facilitará realmente la transición digital. Otros, sin embargo, temen su llegada vistos los problemas de la primera fase del proyecto. La respuesta, en los próximos meses.