Recientemente ha saltado a la palestra la noticia relacionada con la custodia de la documentación judicial en el entorno de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Otras veces el asunto es que la documentación permanece abigarrada en las dependencias de los Juzgados con grave peligro para su conservación, pera la seguridad de los empleados y para la agilidad de la administración judicial; pero ahora no.
El asunto es que la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid ha tenido que paralizar un proceso de concurso de externalización de la prestación del servicio de guarda y custodia de los archivos judiciales de la Comunidad madrileña. En sus bases de convocatoria se establecía que la documentación deberá estar y permanecer siempre en el territorio de la Comunidad de Madrid, lo cual por cierto parece más que lógico.
No veo yo que alguna comunidad autónoma de más marcado carácter nacionalista, o incluso regionalista, que la tan cosmopolita Madrid, fuera a permitir que su documentación traspasara la linde de sus mojones.
No es una mera cuestión nacionalista; Si la empresa que custodia los documentos tiene sus instalaciones fuera de la comunidad de Madrid, estará fuera del ámbito de acción y competencia de la propia administración autonómica en materia de establecimientos industriales.
A la contra se argumenta literalmente que “Illescas está más cerca de Madrid que Alcalá de Henares”; bueno eso es cierto, como también lo es que en un entorno urbano de continuos atascos de tráfico rodado las distancias se miden en minutos y no en kilómetros, por no recordar que, estando en el siglo XXI, cabría esperar que la documentación que requiriese la administración se sirviera por medios electrónicos.
Todas estas consideraciones me sobran, pues considero que la documentación pública, y muy especialmente la de carácter judicial, debería estar custodiada por la propia administración autonómica, creando, como tantas veces hemos requerido un cuerpo de archiveros judiciales para atender todas y cada una de las dependencias judiciales y especialmente el Archivo Central de Justicia.
En la Comunidad de Madrid las autoridades callan discretamente
José-María Nogales Herrera
Vicepresidente de la Federación ANABAD