Los últimos han sido doce meses en los que han cambiado muchas cosas en la batalla iniciada por el investigador salmantino Policarpo Sánchez contra lo que considera manifiestas irregularidades en la aplicación de la Ley de Restitución Documental. Un año en el que afirma que ha pasado de estar prácticamente solo en su pelea ante la maquinaria del Estado y de la Generalitat, a contar con un importante apoyo ciudadano.

«Tuve que empezar esta batalla en solitario ante los incompresibles errores e incumplimientos legales que iba detectando y aunque he pasado momentos difíciles, empiezo el año sintiendo un enorme respaldo social», asegura Sánchez, quien enumera que «a través de nuestras redes sociales, de la iniciativa en Change.org para que Artur Mas cumpla la ley y directamente como asociados, en estos momentos detrás de Salvar el Archivo hay más de 14.000 personas».

Por este motivo, el investigador hace un balance muy positivo del último año, subrayando que «además hemos empezado a contar con un apoyo político muy nítido». El manifiesto de la asociación en el que se exige a la Generalitat de Cataluña que cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional y retorne a Salamanca aquellos papeles cuyos legítimos propietarios no hayan sido localizados, así como los que salieron sin estar amparados en lo previsto por a ley del año 2005, ha contado con la firma expresa de diez formaciones políticas de todo el espectro ideológico.

Así, Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés aprobaban por unanimidad en las Cortes de Castilla y León el manifiesto propuesto por Salvar el Archivo, paso que ya habían dado previamente el parlamento del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Salamanca.

«El Ministerio no debería mantener en su cargo a quienes han incumplido 
la ley», apunta 
Policarpo Sánchez

Una batalla política que seguirá adelante: «ya tenemos el compromiso de Foro Asturias a través de personas elegidas para las Cortes Generales en las pasadas elecciones de que el manifiesto será debatido en el Congreso y el Senado una vez que pueda comenzar la legislatura», explica Policarpo. Será a iniciativa de una diputada nacional, curiosamente no por Salamanca, la que llevará la iniciativa hasta las dos Cámaras.

Finalmente, también el investigador considera que 2015 dejaba un balance muy satisfactorio en cuanto a su frente judicial. «A lo largo de este proceso el Tribunal Superior de Justicia ha emitido tres autos dándonos la razón en nuestros planteamientos: admitiendo a trámite la demanda contra la Generalitat, rechazando el recurso del Govern que aducía que yo no estaba legitimado para interponer la causa y, posteriormente, obligando al Ministerio de Cultura a entregarnos toda la documentación relativa a los envíos».

Hitos que para Sánchez hacen que «estemos muy cerca de ganarle el juicio al Gobierno de Artur Mas en defensa de los intereses de todos los españoles». Un punto al que afirma haber llegado a pesar de la resistencia ofrecida por el Ministerio de Cultura y en particular por el subdirector general de Archivos Estatales, Severiano Hernández. «Una persona que participó desde 2008 en todas las comisiones mixtas que autorizaron la salida de manera ilegal de cientos de miles de papeles y que ahora trata de entorpecer el proceso judicial. El Gobierno y el Ministerio de Cultura no deberían permitir que permanecieran en su cargo personas que han incumplido la ley», afirma y reclama su «destitución fulminante para que no perjudique la imagen del conjunto del Gobierno».

Fuente: El Norte de Castilla.es