La Sociedad española de Documentación e Información Científica (SEDIC), Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP), Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) y la principal agrupación defensora del patrimonio de Madrid Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) son las entidades que han solicitado, a través de un escrito, a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la paralización del proyecto. “De llevarse a cabo, además de confirmar un absoluto desprecio de las instituciones y de la actividad archivística supondría un atentado contra el patrimonio”, han declarado las entidades en un comunicado.

“Este edificio es modélico para toda Europa y sería una pena que se metiera ahí una legión de funcionarios para ahorrar un alquiler”, ha expuesto Amparo Berlinches, presidenta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio a Madridiario. La entidad ha criticado que sea la propio DGPC, “que tiene entre sus misiones velar por la correcta conservación del patrimonio tanto mueble como inmueble”, la que vaya a acometer este proyecto. Tanto el Archivo Regional como el inmueble que lo acoge tienen incoado expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural por el propio Gobierno de Madrid, han querido subrayar desde la organización.

“Con esta reforma se va a degradar la función de los archivos“, expone Antonio González Quintana, presidente de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública y exsubdirector General de Archivos en la Comunidad de Madrid entre los años 2010 y 2018. “Esos espacios de la plantas tercera y cuarta no se dedican al archivo de documentos obviamente, pero se dedican a tareas esenciales para el funcionamiento del sistema archivístico de la comunidad de Madrid”, ha expuesto.

Según ha explicado Antonio González Quintana, estas plantas están ocupadas por la Subdirección General de Archivos de la Comunidad desde que se creo la institución y son los encargados de controlar todo el régimen de trasferencia de documentos de los distintos departamentos de la Comunidad. En estas zonas tambien se sitúa la sala de formación y las áreas donde se reunen el Consejo de Archivos. Por ello, desde las entidades demandan “conocer qué es lo que se suprime en estas plantas y cómo afectará tanto a la distribución como al plan de autoprotección ya que hay unos diseños para caso de evacuaciones, de incendios, etc. previstos para un número de personas, no para el doble”, ha reprochado el presidente.

Las entidades reclaman que cualquier reforma o modificación debería ser aprobada primero por el Consejo Regional de Patrimonio. Asimismo, consideran el proyecto como un “desprecio hacia a la actividad archivística” ya que como ha explicado José María Nogales, presidente de ANABAD, “un archivo no solamente son depósitos, son también, talleres de restauración, aulas de formación, etc. y cualquier espacio que se ocupe para el mero uso de oficinas ajenas al servicio de archivo y bibliotecas, lo que viene es a restar posibilidades para el uso archivístico o bibliotecario”.

En respuesta a las entidades, la Consejería de Cultura han expuesto que la reunificación del personal de la Dirección General de Patrimonio Cultural en el complejo del Águila no afectará al Archivo Regional, ya que según explican ya tiene uso de oficina y no de archivo de documentos. “Es una medida acorde con la política de austeridad de la consejería de Cultura ya que ese edificio se hizo para que toda la parte de patrimonio estuviera junta y prescindir de otro edificio en Arenal, que es alquilado”, han explicado fuentes regionales. Además, han subrayado que el espacio donde se va a ubicar el personal “actualmente está ocupado por personal funcionario de la Subdirección General de Archivos con uso de oficina, es decir, no se va a ubicar al personal en el espacio destinado al archivo de documentos”.

La presidenta de SEDIC, Yolanda de la Iglesia Sánchez, señala que los argumentos ofrecidos por la Consejería de Cultura para justificar la reconversión en oficinas de un espacio diseñado para la conservación y gestión del patrimonio documental son “técnicamente muy pobres”. Según explica “el supuesto ahorro de trasladar a las instalaciones del Archivo Regional a cien funcionarios cuyas competencias nada tienen que ver con el patrimonio documental impedirá el crecimiento futuro del propio archivo como depósito de la memoria de los madrileños”. “Es tan absurdo como si el Ministerio de Cultura, en aras de un mayor ahorro y austeridad, decidiera plantar a sus funcionarios de su sede en plaza del Rey en mitad de las espaciosas galerías del Museo del Prado. Efectivamente se ahorrarían dinero, pero todos tenemos claro que ese no es el lugar para colocar unas oficinas”, ha concluido.

Asimismo, para Madrid Ciudadanía y Cultura esta respuesta tampoco sería aceptable pues según explican “hay una cosa que es evidente, cualquier edificio no vale para todo lo que quieras meter. Un edificio tiene la función para la que fue creado, no para el uso que se le quiera dar”, han expuesto. Según han explicado, esta reforma supondría una alteración de la rehabilitación ejecutada por los arquitectos Tuñón y Mansilla. A esta misma cuestión se ha referido el presidente de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública explicando que estos edificios “están dedicados para lo que deben ser y no para otras funciones. Consideramos que puede ser un paso atrás muy peligroso para unas instituciones que siempre hemos considerado como auténticos buques insignia de la Comunidad de Madrid”.

“Con esta reforma se va a degradar la función de los archivos“

Por otro lado, la Consejería de Cultura ha asegurado que la unificación del personal va a permitir llevar a cabo la creación “de un centro de patrimonio cultural de primera magnitud en la Comunidad”. Además, desde la Consejería han explicado que el traslado de los funcionarios ubicados en la sede de la Calle Arenal al edificio El Águila supondrá un ahorro importante al presupuesto general de la Comunidad, puesto que, según exponen, este inmueble supone un elevado coste.

A esta cuestión se ha referido el máximo de cargo de la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas, explicando que entiende que este arrendamiento supone un derroche enorme de dinero para el Gobierno regional pero el lugar de ubicación asegura que no es el adecuado, “nos consta que el personal del archivo este descontento”, ha afirmado. “Se van a gastar un dinero bastante importante en unas reformas que en principio casi nadie considera necesarias dentro de ese edificio relativamente nuevo. Si realmente estuviera pensado para despachos no sería necesario gastarse el dinero que se van a gastar en estas reformas”, ha concluido el presidente.

En la última semana, entidades de distintos puntos de España se han adherido a la solicitud de paralización de la reforma, entre ellas se encuentran Asociación Profesional de Archivero, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid (ABDM), la Asociación Andaluza de Archiveros, la Asociación d’Arxiviers i Gestors de Documents Valencias, la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) o la Federación Española de Asociaciones de Archivos, Bibliotecas, Documentación y Museos (FESABID). Asimismo, la próxima semana SEDIC, AEFP, ANABAD y MCyP iniciarán una ronda de contacto con todos los portavoces de la Comisión de Cultura de la Asamblea, para exponer personalmente las razones por las cuales consideran que hay que frenar “este grave error en la gestión de la Dirección General de Patrimonio Cultural”.