Es “lamentable, un disparate” cuestiona “la profesión y el trabajo del historiador” y atenta “contra la libertad de cátedra y de expresión”.  Son algunas de las formas con las que distintos historiadores se refieren al “borrado”, de varios artículos académicos firmados por el catedrático de lengua española Juan Antonio Ríos Carratalá, del nombre del secretario judicial que participó en el consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández.

Ha accedido a ello la Universidad de Alicante (UA) tras la petición de un hijo del alférez implicado, Antonio Luis Baena Tocón, que se amparaba en la Ley de Protección de Datos Europea, como adelantó este martes El País. De esa forma, desaparece su nombre de la Historia y quedan solo las iniciales de Baena Tocón en varios artículos de Ríos Carratalá alojados en páginas web. Las razones de la petición tenían que ver con el honor: “Lo presentan como verdugo y fue una víctima más”, escribía al periódico.

“Desde hoy [Baena Tocón] disfruta del ‘olvido digital’ en mis trabajos publicados en la web de la UA. Estoy triste y muy dolido, pero seguiré reivindicando el derecho a la memoria histórica”, ha resumido el experto en su página de Facebook. Una compañera de profesión, la Profesora Titular en Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, Ana Martínez Rus se muestra, al margen de esa consecuencia, “indignada. Es lamentable. Cuestiona nuestra profesión y es otro impedimento más para hacer Historia sobre el franquismo”.

Según Martínez Rus, las formas de la UA hacen que “se niegue la realidad que está en esos documentos. Lo siento por quien tenga un familiar que haya participado de ella, pero tenemos que asumir de una vez el pasado traumático de este país, con rigor, pedagogía y divulgación. Y duele que la Universidad no lo pelee”. Ella define además la “paradoja” de que ahora el nombre de Baena Tocón se va a difundir mucho más en una suerte de Efecto Streisand: “Esos trabajos están publicados de mucho antes, yo los he consultado. Por esta decisión, se va a dar el efecto contrario. El interesado quería velar por el honor de su padre, pero ahora está en todas las webs”.

Martínez Rus enumera todo lo que entra en juego y se pone en tela de juicio con la resolución de la UA: “La libertad de cátedra y de expresión; el rigor científico; la práctica historiográfica; el derecho a la información. Abre un precedente: a todos nos pueden meter en un pleito. Y no solo sobre la guerra civil, esto se puede ampliar a otras épocas. Todo el mundo es descendiente de alguien y tiene un apellido. También, aunque sería quizá más raro, a que haya familiares que no quieran que sus nombres aparezcan como represaliados, y acabemos desconociendo la magnitud. Esto abre la caja de pandora, nos deja desamparados”.

“Es un caso de censura”

Desde la Asociación de Historia Contemporánea son igual de tajantes. A su presidente, el catedrático de la Universidad de Valencia Ismael Saz le parece “censura académica, un caso especialmente grave”. “Atenta contra la libertad del investigador”, insiste, “trabajamos hablando de personas, no de entelequias. Con víctimas y con victimarios”

Saz es duro con la Universidad de Alicante, a la que afirma “no entender. Me resulta inconcebible una resolución acerca de cómo tiene que hacer su trabajo un académico. Los derechos a la libertad de expresión, de investigación y de cátedra son absolutamente fundamentales y solo bajo motivos muy excepcionales y justificados cabe establecer algún tipo de limitación”. Los especialistas de la UA también se han levantado contra su institución: mañana miércoles hay convocada una reunión de la Junta de Gobierno en la que esperan que el rectorado dé explicaciones y aluden defender “la libertad de investigación y cátedra”, en declaraciones a El País.

Otra catedrática en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca, Josefina Cuesta Bustillo es algo más cauta porque, opina, “lo nuevo es que lo que entra en conflicto con la práctica historiográfica es la ley protección de datos. Pero siempre ha habido mecanismos: siempre se nos han negado documentos, o se ha tenido que esperar 25 años a la muerte de la persona que buscabas. Antes, lo hacía la censura. Y cuanto más próximo es el hecho, más complicado, claro”. “Luchamos por el derecho a la verdad, pero ahora está aprobado el derecho al olvido”, sintetiza.

Tanto Ismael Saz como Ana Martínez Rus mencionan, al margen del asunto de Miguel Hernández, que sea algo sistémico. “Llega apenas 10 días después de la sentencia del Supremo reconociendo al dictador desde el 36. Y de que se deniegue la exhumación. El franquismo sigue levantando ampollas porque ganó una guerra, duró mucho, y durante la transición no hubo una ruptura. Se nota. Pero llueve sobre mojado, no es un hecho puntual: siempre ha habido una dificultad en el acceso a las fuentes, a los archivos militares y eclesiásticos. Algo como esto explica muy bien la historia de nuestro país. Es un poso sociológico”.

Este mismo martes ha trascendido que la base de datos de memoria histórica ‘Todos los nombres’ también ha recibido una solicitud de borrado del nombre de Antonio Luis Baena Tocón. La petición ha sido igualmente presentada, como ha ocurrido en el caso de la UA, por el hijo de Baena Tocón.